El futuro de las pensiones en LATAM

El pasado lunes 21 de marzo, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile [sic] aprobó la quinta retirada de fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en lo que va del periodo de pandemia (según comenta la cadena T13). Esta retirada no figuraba en el programa de gobierno del Presidente Boric ni contaba con la aprobación del propio gobierno, pero una coalición de partidos logró sacar la aprobación adelante con amplia mayoría. Los retiros previos liquidaron el equivalente a 39,4 billones de pesos chilenos (unos 50 millardos de dólares, y el 20% del PIB chileno actual). Si finalmente sale a delante la tramitación de esta quinta retirada, desaparecería el 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos (otros 14,5 billones de pesos), que hoy equivalen a unos 145,15 billones de pesos (unos 184 millardos de dólares y el 73,6% del PIB chileno actual).  

En Colombia, por fin, el actual sistema está a punto de cumplir su tercera década, pero solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación logra obtener una pensión (en España hay 2,6 pensionistas por cada 4 personas de entre 65 a 69 años tiene). Desde poco después de declararse la alarma por la Covid-19, a medidos de 2020, diferentes iniciativas políticas han logrado llevar a trámite un proyecto de ley para autorizar un primer retiro parcial por el 10% de los balances pensionarios de hasta 8 millones de afiliados inactivos, por importe, se prevé, de hasta 24 billones de pesos colombianos (unos 73,5 millardos de dólares o un 2% del PIB). Se advierte en los medios de que estas retiradas pueden perjudicar seriamente a los trabajadores más jóvenes llegado el momento de su jubilación. Con todo, puede decirse que, en Colombia, este movimiento de retiradas esta siendo más moderado que en otros países de América Latina. 

En Perú, entre 2020 y 2021, se han aprobado otras cinco retiradas de fondos de las AFP que han visto cómo sus activos disminuían en unos 66 millardos de soles, es decir el 8,1% del PIB. Ello ha acarreado, según revela el diario económico peruano Gestión, un descenso (y no es primero) de la calidad crediticia del país por parte de la calificadora Standard & Poor’s que sitúa la deuda peruana denominada en divisas dos escalones por debajo del Investment Grade.  

En México, por fin, los retiros del ahorro previsional en el sistema de las Afores (el sistema que reemplazó a la Seguridad Social en 1997) están regulados por ley y se permiten cada cinco años, a voluntad del partícipe. Solo por el motivo de desempleo, que aumentó considerablemente durante la pandemia, se habían retirado entre 2015 y 2021 unos 98,8 millardos de pesos (unos 4,5 millardos de euros), siendo las retiradas de 2020 y 2021 superiores a los 21 millardos de euros en cada año y aproximadamente el doble de las retiradas de años anteriores. Este volumen de retiradas en el periodo equivale al 1,89% de los activos totales del sistema en 2021 (5,2 billones de pesos) y el 0,39% del PIB corriente estimado para 2021. Una cantidad muy modesta si se compara con la fuerte merma de ahorros previsionales registrada en otros países del subcontinente. México, de hecho, a diferencia de los tres países comentados antes, no ha regulado las retiradas extraordinarias que se han dado en otros países. 

Todo lo anterior nos deja un panorama previsional muy problemático para los países que han estimulado institucionalmente las retiradas de ahorros previsionales para combatir los problemas financieros de empresas y hogares creados por la pandemia. La sensación generalizada es que las retiradas son “pan para hoy y hambre para mañana” (no habiéndose destinado siempre a reforzar una economía familiar o una micro empresa maltrechas por los confinamientos de la Covid-19) y que la pobreza aumentará entre las personas mayores en un futuro no muy lejano.

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