Esta entrada tiene un carácter algo arcano, aunque no insondable. Por esta razón se inicia y finaliza con la misma pregunta ¿qué son los activos previsionales? Una primera respuesta a esta pregunta resultaría decepcionante y solo debidamente enmarcada en las muy específicas condiciones que reviste el ahorro a largo plazo para la jubilación acabaría cobrando sentido.

La denominación “activos previsionales” no corresponde a ninguna clasificación estandarizada o epígrafe en el que podamos obtener un listado de este tipo de instrumentos, más bien es una acepción informal para asociar el activo en cuestión a un fin determinado. El alcance de la palabra previsional atiende, como fácilmente se entenderá, a la vocación de la inversión a largo plazo de ese activo pensando en la obtención de rentas a partir de él durante la jubilación.  

Dentro de esta declaración de intenciones se pueden distinguir distintos activos, que podrían englobarse dentro de esa clasificación por ejemplo inversiones en fondos, en acciones o en ETF, posiciones directas en el mercado inmobiliario, ciertos tipos de seguros como PPA, incluso activos de renta fija. 

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Más allá del perímetro interno a LoRIS, la “cuestión previsional” lleva años estando muy presente en el panorama social, político y mediático español y LoRIS está profundamente inmersa en estos debates. En 2021 han pasado muchas cosas en este campo. Hay dos hitos que enmarcan el periodo, que nos parecen rechazables: la reducción del límite de la deducción fiscal de las aportaciones a vehículos previsionales personales (de Pilar III), que pasó de 8.000 euros a 2.000 el de enero de 2021 y que pasará a 1.500 euros el 1 de enero de 2022.  

Debe saludarse, por el contrario, el impulso que el gobierno da a la PSC con la creación de los Fondos Públicos de Pensiones y la regulación de los Planes de Empleo Simplificados, un paso que, en particular, restaura en buena medida las opciones previsionales de los trabajadores autónomos haciéndolas, incluso, en muchos casos verosímiles, más ventajosas que las de los asalariados si se tiene en cuenta la también incomprensible provisión de que las portaciones de los asalariados no pueden superar las de los empleadores.

Los orígenes históricos de la profesión actuarial podrían remontarse al jurista romano Ulpiano, quien creó una tabla de rentas vitalicias muy curiosa en el siglo III d.C. Estas cifras se utilizaron para valorar las pensiones de los soldados romanos retirados, pero obviamente eran bastante burdas. En el período moderno temprano, el nombre más estrechamente asociado con los orígenes de la valoración de rentas vitalicias utilizando leyes de mortalidad es Abraham de Moivre, (1667-1754). Nació en Francia, pero debido a la persecución religiosa y la revocación del Edicto de Nantes, él y su familia emigraron a Inglaterra, donde vivió, trabajó e interactuó con sus contemporáneos científicos Newton, Boyle y Halley. Y, aunque los matemáticos de hoy todavía lo elogian por su libro Doctrine of Chances (1718), que fue pionero en muchas ideas en la teoría de la probabilidad, incluido el teorema del límite central, los actuarios podrían estar más familiarizados con su libro Annuities upon Lives (1725). En ese trabajo usó varias leyes analíticas de mortalidad y desarrolló expresiones para obtener valores de pensiones y rentas, basándose en el trabajo anterior de Edmond Halley hacia fines del siglo XVII.

La inflación se define como el aumento general de precios y se mide a través del Índice de Precios al Consumo (IPC). Este índice cumple el papel de simplificar los cálculos en infinidad de supuestos, como en las revisiones anuales de salarios o de pensiones, el cálculo de cláusulas de revisión de alquileres o de venta de bienes y servicios en caso de empresas. 

Los más perjudicados ante los embates inflacionistas son aquellos que viven de rentas fijas, especialmente los pensionistas, los ahorradores, los acreedores (a tipos fijos) y, especialmente, las clases menos pudientes, ya que no tienen ni los conocimientos ni los ahorros necesarios para poder defenderse de la misma. Por otro lado, los mayores beneficiados son los que tienen deudas a tipos de interés fijo (emisores de Deuda Pública, por ejemplo). 

Hay un aspecto en el actual redactado del Anteproyecto de ley para regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que las entidades gestoras que aspiren a gestionar los Fondos de Pensiones de Promoción Pública deberán tener en cuenta.
En el nuevo capítulo XI que este Anteproyecto incorporaría al texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (RDL 1/2002), en su sección 3ª “Entidades gestoras y depositarias de los fondos de pensiones promoción pública”, se incluye en el nuevo artículo 62.3 la obligación para las entidades gestoras adjudicatarias de esa gestión de los Fondos, en los términos que se establezcan en el proceso de selección, de alcanzar un patrimonio mínimo.