La inflación media en 2021, a efectos del ajuste del poder adquisitivo de las pensiones, según el nuevo criterio que se aplicará en 2022, ha sido del 2,51%. Este indicador se obtiene como la media de la variación anual en los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 del Índice de Precios al Consumo (IPC). Y, como decimos, ya sabemos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que dicha media ha sido del 2,51% 

En ocasiones, la vida política española entra en modo de “decisiones controvertidas”, desde luego en lo que a la Seguridad Social se refiere. Parece que el momento actual es de esta naturaleza. Como vimos en nuestra entrada anterior, la propuesta de repartir el incremento temporal de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes para recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, originalmente en 0,4  y 0,2 puntos porcentuales entre, respectivamente, empleador y trabajador, se ha quedado finalmente en 0,5 puntos y 0,1 puntos. Con esta decisión controvertida se envía el mensaje, a los empresarios en general, y a la CEOE en particular, de que todo es susceptible de empeorar. 

La reciente aparición de la noticia de que se va a reducir nuevamente el límite de la aportación a los planes de pensiones individuales ha motivado una reflexión sobre el sistema de Previsión Social en España (Pilares I, II y III), su diseño, su visión de conjunto y si realmente sus objetivos están alineados con el interés general. La manera en la que se ha realizado este anuncio, es decir bajando este máximo por segunda vez desde los 2.000 euros, como se produjo en diciembre del 2020, a los 1.500 euros actualmente propuestos en el PL de PGE 2022 es un mensaje difícil de comprender, se inserta en un marco de mensajes contradictorios por parte de la administración y es difícil evitar la sensación de que parece ser un aviso de que esto puede volver a repetirse, incluso a peor.