Recientemente se presentó en Washington DC, en un evento conjunto del Global Pensions Programme del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y PinBox Solutions un importante volumen cuyos capítulos se referían a innovadores desarrollos pensionarios en el mundo con el foco puesto en Latinoamérica. David Tuesta, presidente de PinBox Latinoamérica, presenta en este vídeo su contenido.  

Se trata de explicar novedosas soluciones para trabajadores regulares e irregulares, o personas con dificultades para crear carreras contributivas suficientes. La mitad de la población activa en Latinoamérica no está cubierta mor ningún sistema de pensiones, público o privado. Los modelos que emergen consisten básicamente en ahorro asequible para la jubilación encaminado mediante tecnología, reglas conductuales y smartphones hacia vehículos previsionales seguros.  

Entre los capítulos del libro Pensiones Para Todos se encuentran soluciones como los “bonos-pensión”, impulsados desde hace mucho tiempo por los profesores Robert C. Merton (premio Nobel de economía 1997) y Arun Muralidhar, también denominados SeLFIES. Hace unos días, precisamente, Arun Muralidhar exponía estas ideas en España en sendos seminarios en el Banco de España y en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La visita de Arun a Madrid fue posible gracias a la colaboración de LoRIS, por lo que nos sentimos muy orgullosos y afortunados. 

Una resumida explicación sobre los bonos-pensión puede encontrarse en esta tribuna, publicada en ABC el martes 27 de junio, a cargo de Arun Muralidhar y José A. Herce, socio fundador de LoRIS. Estos bonos-pensión, con diferentes denominaciones, se han implantado ya en Brasil (Renda+) y están en vías de implantación en Colombia (COMBOS). El libro Pensiones para Todos recoge sendos artículos sobre ellos a cargo de sus promotores locales. Se trata, de manera muy resumida, de un excelente producto para cubrir de manera eficiente el riesgo de longevidad a base de acumular bonos muy asequibles que pagan su cupón en forma de rentas cuasi-vitalicias seguras, regulares y protegidas contra la inflación, desde el momento de la jubilación hasta que el ahorrador llega a su esperanza de vida, momento en el que se puede adquirir una renta vitalicia pura usando parte del nominal de los bonos. 

También recoge el libro de PinBox Solutions un artículo autorado por José Luis Orós, CEO de Pensumo, y José A. Herce, en el que se describe con detalle cómo funcionan las “pensiones por consumo” que la startup está desarrollando para su inminente presentación en España. Ibercaja es el socio mayoritario de la nueva Pensumo. 

Las “nuevas pensiones” permiten que todo el mundo obtenga complementos de pensión, cada vez más necesarios, independientemente de su estatus laboral y/o socioeconómico. Gracias a PinBox, por ejemplo, millones de personas desfavorecidas en La India están ya obteniendo modestas pensiones en su vejez y lo conseguirán también millones de personas en Latinoamérica. Gracias a Pensumo, personas que nunca hubieran imaginado acabar ahorrando para su jubilación, podrán hacerlo de manera indolora, casi sin enterarse. Gracias a los bonos-pensión, en Brasil, Colombia y quizá en España, Italia u otros países europeos, muchas personas podrán planificar sus complementos de pensión respaldados por bonos soberanos de calidad y contribuir también al desarrollo económico de sus países. 

En todo el mundo son cada vez más necesarios los complementos de pensiones, por muy bien que lo hagan los sistemas públicos de Seguridad Social. El avance de la esperanza de vida y el disfrute de condiciones cada vez mejores de salud a edades avanzadas, o la necesidad de recursos adicionales ante condiciones adversas sobrevenidas, aconsejan a muchas personas el recurso a rutinas de ahorro avanzadas, eficaces y eficientes. 

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Es una consigna fácil de entender, clara y atractiva. Cada euro cotizado quiere decir que existe un esfuerzo contributivo previo a la percepción de la prestación de jubilación. El mismo derecho a pensión quiere decir que se calcula dicho derecho, sea el que este sea, de la misma manera y, por lo tanto, este euro compra el derecho a percibir la misma parte de tu pensión.  

Obviamente, hay matices actuariales. El más importante es que ese euro no compra una parte de la pensión mensual, sino una parte de la pensión vital (todo el tiempo que se esté en jubilación) a igualdad de otras condiciones (edad de jubilación, por ejemplo). 

En Francia existen más de 40 regímenes de jubilación en la Seguridad Social. Una manera como otra cualquiera de complicarse la vida si eres el responsable de la Secu, que es como conocen allí popularmente a la Seguridad Social. Regímenes que, en muchas ocasiones, se diseñaron para profesiones y tareas que eran onerosas a mediados del siglo pasado, pero que hoy no lo son en absoluto. Los trabajadores de algunos de estos regímenes, que contemplan privilegios inexistentes en otros regímenes, se resisten panza arriba a los cambios, lo que es profundamente “insocial”. 

El estado del bienestar está a debate hoy más que nunca mientras la revolución demográfica y la digital nos obligan a tirar por la borda todos nuestros prejuicios y resabios adquiridos en el siglo XX en las asambleas universitarias.  

Todos los países avanzados están revisando sus sistemas de pensiones según principios holísticos (los tres pilares ya no bastan) y conductuales. Francia ha iniciado un camino muy difícil, porque lo que Macron les dice a sus compatriotas no es aceptable para muchos de estos. Lo que está en juego es la definición del bienestar en el siglo XXI.  

Pueden leer más sobre esto aquí, firmado, como coautor, por uno de los socios fundadores de LoRIS. 

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Chile 

El 2 de noviembre pasado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo: “las AFP, en esta reforma, se terminan”. Las AFP son las Administradoras de Fondos de Pensiones, es decir entidades gestoras de los ahorros acumulados por los trabajadores en las cuentas individuales de empleo del principal esquema de pensiones existente en el país desde 1980, de gestión enteramente privada. Además de las AFP, el Estado garantiza una pensión mínima a los trabajadores que no han podido cotizar a las AFP o no han cotizado lo suficiente. Dada la enorme irregularidad del mercado de trabajo chileno, no todos los trabajadores poseen una cuenta pensionaria y muchos de los que tienen una cuenta realizan en ella modestos aportes. 

Lo que propone el presidente Boric es un sistema de “Seguridad Social Público-Privado” en el que un nuevo gestor público de fondos de pensiones competirá con las AFP, cuyo número también aumentará (hay siete en la actualidad). Los detalles está por ver, pero vuelvan a leer la primera frase del párrafo anterior. Junto a esta primera medida, se crean las cotizaciones de empleadores (al 6% del salario) destinadas a la financiación del nuevo sistema público de Seguro Social. Se mantienen las cuentas existentes en las actuales AFP, que son propiedad de los trabajadores a todos los efectos. Se aumenta la Pensión Garantizada Universal a cargo de los impuestos generales. 

Colombia 

En este país, las AFP compiten con la Seguridad Social (Colpensiones) y, de hecho, gestionan las tres cuartas partes de las cuentas de jubilación de los trabajadores. Las pensiones de las AFP se obtienen como rentas vitalicias a partir del conjunto de cotizaciones capitalizadas en cada cuenta individual, mientras que las pensiones de Colpensiones se obtienen promediando las cotizaciones de los últimos 10 años y se financian por el método de reparto con recursos presupuestarios adicionales. Este sistema no cubre a todos los trabajadores ni genera pensiones suficientes para los que sí están cubiertos por él. Las retiradas durante la Covid-19 han mermado severamente los ahorros de los trabajadores adscritos a las AFP. Por último, la informalidad laboral es enorme e impide que la cobertura pensionaria se extienda convenientemente. 

El sistema que avanzó el presidente Gustavo Petro en septiembre pasado, todavía pendiente de desarrollo en múltiples detalles, quiere pasar de la competencia actual entre los dos esquemas a un sistema de tres pilares, en realidad cuatro. Un pilar “cero”, no contributivo, consistente en una pensión básica financiada con recursos presupuestarios para los ciudadanos más pobres, un Pilar I (la Seguridad Social) contributivo al que pertenecerían obligatoriamente todos los trabajadores que pagarían cotizaciones por salarios hasta cuatro veces el salario mínimo (más del 90% de los trabajadores se quedarían por debajo de este umbral), un Pilar II (las AFP) al que se contribuiría por el exceso de salarios sobre los cuatro salarios mínimos (lo que reduciría sensiblemente la elegibilidad de trabajadores a menos del 10%) y un Pilar III, de ahorro personal. Se debate si dos o cuatro salarios mínimos como umbral entre el Pilar I y el Pilar II. Los derechos actuales en las AFP se mantendrían.  

Perú 

En Perú, los trabajadores deben optar por afiliarse al sistema de pensiones público de beneficio definido o al sistema privado de cuentas individuales administrado por las AFP, sin posibilidad de abandonar este último una vez afiliados, salvo condiciones muy específicas que la ley establece. No todos los afiliados cotizan efectiva y regularmente. El sistema público tiene unos 5 millones de afiliados y el sistema privado unos 8.6 millones, de los cuales solo cotizan efectivamente 1,5 y 3,5 millones de afiliados, respectivamente, lo que hace, en total, un 27% de la población económicamente activa. Las pensiones de jubilación del sistema privado son un 50% mayores que las del sistema público, mientras que la contribución (tasa de aporte + comisiones y prima de seguro) es aproximadamente igual y oscila alrededor del 13%. Un problema, que se viene solucionando, no obstante, es el de las elevadas comisiones de gestión de las AFP. 

El 28 de julio pasado, en su Mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo anunció la creación de una Comisión de Diagnóstico y Propuestas para la mejora del sistema previsional, tanto público como privado. Los objetivos que estableció en este último discurso presidencial fueron: (i) que todos los peruanos puedan gozar de una pensión universal como primer piso de protección social, (ii) brindar los incentivos necesarios para fomentar una cultura previsional, (iii) que el sistema pensionario otorgue mejores pensiones a los jubilados y (iv) generar mayor competencia en el mercado pensionario.  

Análisis 

Las tres reformas descritas tienen en común el deseo de reintroducir y/o fortalecer el Pilar I (Seguridad Social) y las prestaciones básicas a cargo del Estado (“Pilar 0”), así como introducir competencia en las AFP (Pilar II) y abaratar su gestión. Esto no se hace sin crear algunas distorsiones que podrían acabar, incluso, con la significación que hoy tienen las AFP, como en Colombia con la determinación del nuevo umbral de cotización a las AFP, lo que limitaría enormemente el ahorro ocupacional para la jubilación y la financiación a largo plazo de la economía. O la aparente determinación del gobierno chileno de “acabar” con las AFP, lo que se contradice con los detalles hasta ahora conocidos de la reforma. 

En estos tres países y en muchos otros en LATAM, la enorme irregularidad en el mercado de trabajo ha impedido que la cobertura de las pensiones formales (Pilares I, II y III) llegue a todos los trabajadores y las reformas que se plantean buscan precisamente ampliar esta cobertura y ofrecer más opciones a los trabajadores. Sin embargo, apenas se habla de dos reformas tan importantes o más como la reforma pensionaria, es decir, la reforma tributaria, pues la financiación de las pensiones básicas corre a cargo de los impuestos generales, y la reforma del mercado de trabajo que reduzca la irregularidad, lo que los esquemas de pensiones no pueden hacer por sí solos. De hecho, la enorme irregularidad laboral, que ni la Seguridad Social ni las AFP han sido capaces de reducir, impide apreciar que los datos muestran que las AFP han proporcionado pensiones muy buenas a los trabajadores, claramente superiores a las de la Seguridad Social allí donde los trabajadores han completado sus carreras de cotización. 

Otro factor, nada despreciable, debe tenerse en cuenta, pues está precipitando la necesidad de las reformas que se plantean y, a la vez, su orientación hacia el reequilibrio de los tres pilares. Durante la crisis que desató la Covid-19, los gobiernos respectivos autorizaron varias retiradas de los fondos de pensiones de las AFP por parte de los aportantes, lo que han comprometido seriamente el bienestar futuro de muchos trabajadores que han utilizado estas retiradas para afrontar las consecuencias financieras de la pandemia, pero cuyas cuentas previsionales han quedado prácticamente vaciadas. 

En resumen, las tres reformas comentadas en esta entrada se han formulado con muchos detalles todavía por conocer. Aunque la comisión peruana lleva ya unos meses trabajando en ellos (su informe de diagnóstico y propuestas debe rendirse a final del presente año), poco más se conoce, mientras que las reformas chilena y colombiana acaban de ser anunciadas. Las tres reformas coinciden en la idea de reequilibrar las tres patas de la Previsión social (los tres pilares) y reforzar las pensiones no contributivas. Introduciendo también competencia en el segmento ocupacional (pensiones de empleo) entre la Seguridad Social y las AFP. Objetivos que, así formulados, suscitan interés. Pero en los casos de Chile y Colombia, al menos, y a falta de detalles sobre el caso de Perú, este reequilibrio puede tener consecuencias severas para el futuro del Pilar II, incluido el de los derechos adquiridos hasta el presente, si el control del ahorro previsional de las AFP pasa a manos del Estado. 

Habrá que esperar desarrollos en los tres casos analizados y en el caso de muchos otros países del subcontinente. Es de notar, por fin, que en lo que se sabe no se aprecian innovaciones que llevan ya demostrando su eficacia en los países más avanzados, como el autoenrolment para el Pilar II (UK) o las denominadas Cuentas Nocionales (Suecia, Irlanda, Grecia) para la Seguridad Social. 

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¿Qué pasa en realidad en Italia? Pues que las medidas y soluciones se adoptan y luego se adaptan a la italiana, y así, hecha la ley de las Cuentas Nocionales, hecha la trampa, que llega por la vía de la jubilación anticipada.

La jubilación anticipada se ha venido utilizando durante lustros como una forma de atenuar el impacto de la Reforma Dini. Esta reforma, que era radical, sin embargo, se adoptó con efectos a muy largo plazo: hasta 2050 no se aprecian en los estudios efectos verdaderamente relevantes sobre las cuentas de la Seguridad Social. Y mientras tanto, se seguía practicando una jubilación anticipada que apenas tenía penalización para quienes podían acogerse a ella y, por lo tanto, no hacía más que retrasar sine die el verdadero inicio de la sostenibilidad del sistema.

En la práctica, la jubilación anticipada ha sido el truco a la italiana que se ha venido utilizando en ese país para ir dilatando en el tiempo, y diluyendo también, el impacto que conllevaba la transición hacia un sistema plenamente vigente de Cuentas Nocionales. Pero esto está cambiando.

‘Quote 100 e 102’

Hoy, la edad legal de jubilación en Italia es de 67 años con al menos 20 años cotizados (periodo de carencia). Tanto la edad legal como el periodo de carencia son superiores a los vigentes en España en 2022, que son, respectivamente 66 años y dos meses y 15 años. Si bien, para quienes tengan cotizados 37 años y medio o más, la edad legal de jubilación sigue siendo de 65 años, lo que sucede con una buena tercera parte de las nuevas jubilaciones españolas que se producen a la edad legal (no anticipadas).

Pero la masiva jubilación anticipada que se practica en Italia está chocando con el despliegue de las reformas de más largo plazo ya establecidas en las leyes, por lo que el mecanismo de jubilación anticipada ha de ir adecuándose cada cierto tiempo. En 2019 Italia reformó la jubilación anticipada abriendo una nueva ventana temporal (hasta 2021) que permitía la jubilación anticipada a los 62 años con 38 años de cotizaciones, sin penalización de la pensión, un sistema conocido como Quota 100 (o Cupo 100, es decir 62 + 38 = 100). También estaba previsto abordar un aumento de la edad de jubilación por encima de los 67 años, aumento que, finalmente, no se ha producido.

En 2022, para evitar la acumulación de un desfase excesivo en el esquema de Cuentas Nocionales a largo plazo, se ha establecido una nueva Quota 102 (64 + 38 = 102), que permite la jubilación sin penalización de la pensión a quienes tengan 64 años y 38 años o más de carrera cotizada. Un sistema que, en principio, tan solo estará vigente en 2022 y que requerirá seguir en años sucesivos por una vía parecida (se había propuesto una Quota 104, que fue rechazada).

Estos arreglos periódicos están permitiendo, sin embargo, alcanzar los objetivos de la reforma Dini poco a poco. En los próximos años aumentará progresivamente el número de trabajadores que se jubilen con una pensión mixta calculada en parte con la fórmula de “prestación definida” convencional y en parte con la nueva fórmula de “aportación definida” propia del sistema de Cuentas Nocionales. La parte de “aportación definida” lleva a obtener la pensión como una renta vitalicia dependiente de la edad a la que uno se jubila y esta parte, a su vez, tendrá cada vez más peso en la pensión total.

La jubilación anticipada seguirá practicándose en el sistema italiano, pero cuanto antes se jubilen los trabajadores, la renta vitalicia será menor, sin necesidad de aplicar coeficientes reductores o penalizaciones, simplemente porque la fórmula de cálculo hará las pensiones futuras más sostenibles.

Para saber más, aquí

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En Colombia, por fin, el actual sistema está a punto de cumplir su tercera década, pero solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación logra obtener una pensión (en España hay 2,6 pensionistas por cada 4 personas de entre 65 a 69 años tiene). Desde poco después de declararse la alarma por la Covid-19, a medidos de 2020, diferentes iniciativas políticas han logrado llevar a trámite un proyecto de ley para autorizar un primer retiro parcial por el 10% de los balances pensionarios de hasta 8 millones de afiliados inactivos, por importe, se prevé, de hasta 24 billones de pesos colombianos (unos 73,5 millardos de dólares o un 2% del PIB). Se advierte en los medios de que estas retiradas pueden perjudicar seriamente a los trabajadores más jóvenes llegado el momento de su jubilación. Con todo, puede decirse que, en Colombia, este movimiento de retiradas esta siendo más moderado que en otros países de América Latina. 

En Perú, entre 2020 y 2021, se han aprobado otras cinco retiradas de fondos de las AFP que han visto cómo sus activos disminuían en unos 66 millardos de soles, es decir el 8,1% del PIB. Ello ha acarreado, según revela el diario económico peruano Gestión, un descenso (y no es primero) de la calidad crediticia del país por parte de la calificadora Standard & Poor’s que sitúa la deuda peruana denominada en divisas dos escalones por debajo del Investment Grade.  

En México, por fin, los retiros del ahorro previsional en el sistema de las Afores (el sistema que reemplazó a la Seguridad Social en 1997) están regulados por ley y se permiten cada cinco años, a voluntad del partícipe. Solo por el motivo de desempleo, que aumentó considerablemente durante la pandemia, se habían retirado entre 2015 y 2021 unos 98,8 millardos de pesos (unos 4,5 millardos de euros), siendo las retiradas de 2020 y 2021 superiores a los 21 millardos de euros en cada año y aproximadamente el doble de las retiradas de años anteriores. Este volumen de retiradas en el periodo equivale al 1,89% de los activos totales del sistema en 2021 (5,2 billones de pesos) y el 0,39% del PIB corriente estimado para 2021. Una cantidad muy modesta si se compara con la fuerte merma de ahorros previsionales registrada en otros países del subcontinente. México, de hecho, a diferencia de los tres países comentados antes, no ha regulado las retiradas extraordinarias que se han dado en otros países. 

Todo lo anterior nos deja un panorama previsional muy problemático para los países que han estimulado institucionalmente las retiradas de ahorros previsionales para combatir los problemas financieros de empresas y hogares creados por la pandemia. La sensación generalizada es que las retiradas son “pan para hoy y hambre para mañana” (no habiéndose destinado siempre a reforzar una economía familiar o una micro empresa maltrechas por los confinamientos de la Covid-19) y que la pobreza aumentará entre las personas mayores en un futuro no muy lejano.

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En España, por su parte, según datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, los hogares poseen un 80% de su riqueza total en forma de activos inmobiliarios. 

Esta enorme diferencia tiene muchas razones detrás, pero expresa las nítidas opciones a las que se enfrentan los trabajadores (y sus hogares) a la hora de afrontar su futuro previsional. En primer lugar, podría esgrimirse que la pensión de jubilación de la Seguridad Social (Pilar I) en el Reino Unido apenas aporta, a la finalización de la vida laboral, el 30% del último salario (en el caso medio), mientras que en España aporta el 80%. Ello, se argumentaría, lleva a los trabajadores ingleses a ahorrar mucho más para complementar su pensión. También podrían aducirse razones culturales más o menos fundadas en políticas históricas en uno u otro país que hayan fomentado el ahorro previsional (a través de planes de empresa, por ejemplo) o el ahorro vivienda (el caso español). 

Naturalmente, la cultura previsional o el papel determinante que puede desempeñar la Seguridad Social son muy relevantes. Pero lo cierto es que los hogares ingleses también ahorran en vivienda, o en activos productivos en el caso de los hogares encabezados por trabajadores autónomos. También, en uno u otro país, los trabajadores ahorran en acciones, fondos de inversión o depósitos bancarios.  

Pero los datos comentados reflejan la combinación de múltiples causas que, en su conjunto, no solo determinan el que haya más o menos ahorro previsional o en forma de vivienda, sino toda una gama de efectos que permean a la economía de cada país de forma muy diferente. 

Por ejemplo, el Reino Unido tiene ahorros previsionales que sobre pasan ampliamente el PIB, mientras que en España este tipo de ahorro apenas representa algo más del 25% del producto interior bruto. La vivienda, por el contrario, en España, equivale a 3,5 veces el PIB, el mismo múltiplo que representan los derechos devengados en la Seguridad Social de los pensionistas y trabajadores actuales.  

Ello se traduce en una mayor productividad de la economía inglesa, que cuenta con una fuente de financiación a largo plazo estable y muy enfocada en proyectos de crecimiento. También en una mucho más considerable extensión del mercado previsional, con costes más reducidos para los partícipes en los planes de pensiones ocupacionales y personales, un mercado más competitivo e innovador.  

Por último, mientras que el mercado previsional español se estanca, a la espera de las iniciativas institucionales en curso de concreción, el mercado previsional británico se ve impulsado fuertemente por las reformas adoptadas hace unos lustros en el Reino Unido (el autoenrolment). En definitiva, un mercado mucho más dinámico. 

La fuerte presencia del ahorro inmobiliario en las carteras de activos de los hogares españoles representa cada vez más una anomalía, frente a países más avanzados que lastra desarrollos muy deseables en la economía (la productividad). Pero, de hecho, constituye una fuente enorme de valor, aunque potencial, que deberemos poner a trabajar en algún momento. 

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En Noruega, el Sistema general de pensiones consiste en (i) el sistema de Seguridad Social (con dos patas: una pensión básica universal y una pensión complementaria basada en Cuentas Nocionales para todos los trabajadores), (ii) pensiones de empleo obligatorias para asalariados públicos y privados de aportación definida y (iii) pensiones personales voluntarias. El tronco dominante de la Previsión Social son las pensiones de empleo. Pero, hasta ahora, el acceso a estas estaba limitado a salarios y edades por encima de un mínimo, lo que excluía a trabajadores jóvenes, a tiempo parcial o con salarios reducidos, circunstancias que suelen coincidir en muchos trabajadores jóvenes.

El Gobierno noruego está preparando en la actualidad la legislación necesaria para que a finales de año en curso el Parlamento le dé luz verde, y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Los cambios propuestos son: 

• Eliminar el requerimiento de ingresos salariales anuales mínimos para poder participar en un plan de empleo (en la actualidad es de 106.399 coronas noruegas, unos 10.181 euros)

• Reducir la edad mínima para participar en un plan de empleo de los 20 años actuales a los 13 años (que coincide con la edad de entrada a los planes de empleo del sector público en la actualidad)

• Eliminar el límite de jornada a tiempo parcial establecido, actualmente fijado en el 20% de la jornada completa

En la práctica, etas tres medidas trasladan la Previsión Social de empleo a absolutamente todos los asalariados, tengan la edad que tengan, ganen lo que ganen y trabajen las horas que trabajen. 

Muy pocos países del mundo tienen un sistema de pensiones de empleo (asalariados de los sectores público y privado) tan inclusivo. Y este es, quizá, el aspecto más novedoso de las medidas propuestas que hay que destacar en primer lugar. Incluso la edad de admisión al sistema de pensiones de empleo, 13 años, puede parecer redundante, dado que la edad legal de entrada no restringida al mercado de trabajo en Noruega es de 18 años, pero a los 13 años ya se pueden realizar legalmente actividades remuneradas ligeras que no interfieran con la escolarización, y se está obligado a cotizar. Este detalle, sin embargo, tiene un gran poder simbólico.

Un segundo rasgo característico, sin necesidad de entrar a detallar los requisitos básicos de cada pilar del sistema pensionario noruego, es que la Previsión Social de empleo es el tronco principal del que los asalariados de este país reciben sus ingresos durante la jubilación. De forma que no cabría denominar a estas pensiones “complementarias”, como nos vemos obligados a hacer en España para no herir sensibilidades muy arraigadas acerca de la primacía que debe tener el pilar de la Seguridad Social. 

La Seguridad Social, en Noruega, existe, naturalmente, y aporta una pensión básica que se complementa con prestaciones adicionales procedentes de cuentas individuales nocionales dentro del mismo pilar. Al tratarse la primera de una pensión de garantía, universal, que se obtiene con ciertos requisitos, los trabajadores más jóvenes, con jornadas y/o salarios más reducidos sí que verán sus pensiones de Seguridad Social complementadas con las medidas en curso de aprobación. Esta es, en cualquier caso, una muy buena noticia. 

En tercer y último lugar, pero no menos importante. De la iniciativa del Gobierno noruego se deriva una lección importantísima para un país como España, tan dado a la autarquía conceptual. No se debe despreciar la Previsión Complementaria de empleo como lo hacemos en nuestro país. Cualquier trabajador, gane lo que gane, tenga la jornada que tenga o tenga la edad que tenga, debe ser animado (nudged, dirían los expertos en ciencias conductuales) a ahorrar para su jubilación. Especialmente los más precarios. 

El enorme error que cometen las instituciones, los interlocutores sociales y los agentes del mercado previsional en España, casi sin excepción, es el de despreciar sistemáticamente la posibilidad de que los trabajadores modestos puedan realizar aportaciones modestas para sus complementos de pensión. ¿Acaso un trabajador normal despreciaría un complemento mensual de pensiones de 200 o 300 euros una vez jubilado? Este complemento puede conseguirse con bastante menos esfuerzo del que se cree a lo largo de una vida entera de actividad laboral a través de pensiones de empleo. Estos complementos, a pesar de una Seguridad Social tan generosa como la española, son ya necesarios, especialmente, entre los trabajadores de ingresos medios y medio-bajos, asalariados o autónomos.

Cada euro aportado es del mismo color y, bien mirado, ese euro aporta más valor a quien menos tiene. Sería muy bueno que todos los agentes de la comunidad previsional española nos alineásemos con estas ideas básicas acerca del valor estratégico de la previsión social de empleo, especialmente la de los trabajadores más modestos. Las sociedades que lo han comprendido tratan mejor a sus trabajadores, y, a la postre, a sus ciudadanos. Un objetivo más que deseable que redunda en paz social y productividad general.

Para ampliar detalles sobre este tema

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China tiene un sistema de Seguridad Social (Pilar I) que cubre, aunque de forma diferente, a la totalidad de la población urbana (64%) y rural (36%). Para los trabajadores urbanos, la Seguridad Social tiene un Régimen General de reparto financiado con una tasa de cotización patronal del 20% del salario pensionable y un Régimen Individual de capitalización financiado con una cuota a cargo del asalariado del 8% del salario pensionable. Los trabajadores autónomos también están cubiertos por el Régimen General. También existe, para los trabajadores urbanos, un Pilar II voluntario y de promoción empresarial (matching contributions y contribuciones voluntarias adicionales de los trabajadores).  

El 1 de junio, el gobierno chino lanzó un proyecto piloto para crear un Pilar III con el objeto de promover un verdadero sistema mixto de tres pilares incidiendo concretamente en los trabajadores del sector informal. El proyecto se desarrolla inicialmente en la provincia de Zhejiang (al este del país) y en la municipalidad de Chongqing (suroeste) y consiste en la selección de seis compañías aseguradoras de referencia a las que se les ha pedido la promoción de una cuenta individual de capitalización y aportación definida que tenga las siguientes características: (i) adscripción ágil y sencilla para los trabajadores, (ii) esquema de aportaciones flexible y (iii) rendimientos estables que permitan una capitalización progresiva.  

Con este proyecto piloto, de un año de duración, de momento, la Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros, el regulador del nuevo sistema pretende impulsar el ahorro previsional ocupacional y personal en el país tras un intento anterior que no ha sido muy satisfactorio. El ahorro previsional chino (Pilares II y III) en la actualidad asciende a unos 8 billones de Yuanes (1 billón de euros), equivalentes al 8,4% del PIB, a pesar de que el 75% de la población activa pertenece a algún esquema del Pilar II.

Para leer más

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El 31 de mayo de 2018 dio comienzo formalmente un proceso de concertación social y consulta ciudadana de la propuesta del gobierno bajo la iniciativa del Alto Comisionado para las Pensiones, Jean-Paul Delevoye. En sus grandes líneas, la reforma contemplaba el aumento de la edad de referencia para la jubilación a los 64 años en 2027, la eliminación de regímenes especiales y la unificación de los 42 regímenes existentes, la consideración de la penosidad de ciertas ocupaciones, sistemas de bonus-malus por demora o anticipación de la jubilación, complementos homogéneos por maternidad/paternidad, pensión mínima del 85% del Smic (el SMI español), medidas de jubilación activa y revisión de las pensiones de viudedad, entre otras. 

El 18 de julio de 2019, después de nuevas rondas de debate con los interlocutores sociales, el Alto Comisionado remite su propuesta al Primer Ministro y durante el otoño de este mismo año se profundizan los debates de las principales propuestas con los interlocutores sociales, las asociaciones cívicas y la ciudadanía. El 5 de diciembre de 2019 se inicia un movimiento de fuerte contestación social agitada por los “chalecos amarillos” incluso. En este momento, la propuesta reforma sigue un curso paralelo, oficial, por un lado, y de conflicto social intenso por otro.  

El 24 de enero de 2020 se presenta el proyecto de ley de reforma en el Consejo de Ministros y a principios de marzo de ese mismo año la Asamblea nacional aprueba el proyecto de Ley ordinario y el orgánico. En este momento, debido al confinamiento por la Covid-19 se paran en seco todos los trámites legislativos. Respecto a la reforma de las pensiones, que seguía estando fuertemente contestada, se suspenden tanto el debate en el Senado, previsto para abril, que resultaría aprobado según todas las expectativas, y la entrada en vigor de la nueva Ley en 2025. 

Y así han quedado las cosas hasta que el pasado 9 de junio, la ministra de trabajo, Elisabeth Borne anunciaba en un matinal televisivo que el gobierno volvía a la carga con la reforma de las pensiones. Pero con un importante matiz: no se reanudarán los trabajos en el estado en que quedaros en marzo de 2020. Todo sigue estando en la mesa, pero la generalidad de los agentes sociales y el propio gobierno admiten que todo puede volver a negociarse de nuevo y no necesariamente sobre la base del proyecto de Ley adoptado antes de la declaración de la pandemia.  

Y no solamente ha sucedido el parón de la pandemia. El tiempo transcurrido desde entonces ha situado al panorama político francés en un momento preelectoral. Es decir, en 2022 se celebrarán nuevas elecciones presidenciales y todos admiten también que el asunto de la reforma de las pensiones es de materialidad presidencial. Ello quiere decir dos cosas. En primer lugar, que debería ser un presidente recién investido quien reiniciase el proceso de reforma de las pensiones. Y, sobre todo, que si Emmanuel Macron quiere maximizar sus opciones de cara a la reelección lo último que debería hacer es reiniciar ahora este debate. Puede ampliarse información sobre el contenido del “Plan Macron” de 2018 aquí.

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