Durante su campaña a la presidencia de la republica, en 2017, Emmanuel Macron comprometió una reforma de las pensiones de calado en pos «d’un système universel des retraites où un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé» (un sistema universal de pensiones en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos, cualquiera que sea el momento en el que se ha pagado y cualquiera que sea el estatus de quien lo haya pagado). 

El 31 de mayo de 2018 dio comienzo formalmente un proceso de concertación social y consulta ciudadana de la propuesta del gobierno bajo la iniciativa del Alto Comisionado para las Pensiones, Jean-Paul Delevoye. En sus grandes líneas, la reforma contemplaba el aumento de la edad de referencia para la jubilación a los 64 años en 2027, la eliminación de regímenes especiales y la unificación de los 42 regímenes existentes, la consideración de la penosidad de ciertas ocupaciones, sistemas de bonus-malus por demora o anticipación de la jubilación, complementos homogéneos por maternidad/paternidad, pensión mínima del 85% del Smic (el SMI español), medidas de jubilación activa y revisión de las pensiones de viudedad, entre otras. 

El 18 de julio de 2019, después de nuevas rondas de debate con los interlocutores sociales, el Alto Comisionado remite su propuesta al Primer Ministro y durante el otoño de este mismo año se profundizan los debates de las principales propuestas con los interlocutores sociales, las asociaciones cívicas y la ciudadanía. El 5 de diciembre de 2019 se inicia un movimiento de fuerte contestación social agitada por los “chalecos amarillos” incluso. En este momento, la propuesta reforma sigue un curso paralelo, oficial, por un lado, y de conflicto social intenso por otro.  

El 24 de enero de 2020 se presenta el proyecto de ley de reforma en el Consejo de Ministros y a principios de marzo de ese mismo año la Asamblea nacional aprueba el proyecto de Ley ordinario y el orgánico. En este momento, debido al confinamiento por la Covid-19 se paran en seco todos los trámites legislativos. Respecto a la reforma de las pensiones, que seguía estando fuertemente contestada, se suspenden tanto el debate en el Senado, previsto para abril, que resultaría aprobado según todas las expectativas, y la entrada en vigor de la nueva Ley en 2025. 

Y así han quedado las cosas hasta que el pasado 9 de junio, la ministra de trabajo, Elisabeth Borne anunciaba en un matinal televisivo que el gobierno volvía a la carga con la reforma de las pensiones. Pero con un importante matiz: no se reanudarán los trabajos en el estado en que quedaros en marzo de 2020. Todo sigue estando en la mesa, pero la generalidad de los agentes sociales y el propio gobierno admiten que todo puede volver a negociarse de nuevo y no necesariamente sobre la base del proyecto de Ley adoptado antes de la declaración de la pandemia.  

Y no solamente ha sucedido el parón de la pandemia. El tiempo transcurrido desde entonces ha situado al panorama político francés en un momento preelectoral. Es decir, en 2022 se celebrarán nuevas elecciones presidenciales y todos admiten también que el asunto de la reforma de las pensiones es de materialidad presidencial. Ello quiere decir dos cosas. En primer lugar, que debería ser un presidente recién investido quien reiniciase el proceso de reforma de las pensiones. Y, sobre todo, que si Emmanuel Macron quiere maximizar sus opciones de cara a la reelección lo último que debería hacer es reiniciar ahora este debate. Puede ampliarse información sobre el contenido del “Plan Macron” de 2018 aquí.