El coste de la Dependencia
Un aspecto especialmente grave a resolver es el de las plazas residenciales. En enero de 2023 había en España 398 mil plazas residenciales, exactamente 4 plazas por cada 100 personas de 65 y más años. Se recomienda tener 5 plazas por cada 100 habitantes de esta edad, es decir, unas 100 mil plazas adicionales. Con 1,4 millones de personas dependientes que perciben prestaciones, sólo las casi 400 mil plazas residenciales existentes representan una enorme incidencia de los cuidados permanentes de larga duración.
Es difícil encontrar un consenso sobre el coste anual medio de una plaza residencial, pero una estimación actual de unos 2.000 euros al mes puede ser representativa de la gama media de este tipo de establecimientos. Ello representa 24.000 euros al año que, para las 400 mil plazas existentes, determina ya un gasto de 9.600 millones de euros, un 0,67% del PIB, sólo para cubrir el coste residencial. Un gasto equivalente a todo el gasto público y los copagos privados en todo el sistema vigente de dependencia en estos momentos.
Los datos clave del coste de la dependencia
El coste global de la dependencia se nos escapa, tanto de la realidad del sistema público como del conocimiento de lo que las familias de las personas dependientes (y estas mismas) deben afrontar. No es descabellado suponer que en 2050, la dependencia, debidamente definidas las fronteras entre lo “socio” y lo “sanitario”, lo público y lo privado, absorba un coste equivalente a 4 o 5 puntos porcentuales del PIB.
Precisamente, en la (pobre) definición de estas fronteras y espacios asistenciales radica un reto adicional del sistema español de dependencia.
La dependencia en la Sociedad del Bienestar: financiación, ordenación y prevención
La dependencia se ha convertido en uno de los grandes retos del bienestar de los ciudadanos en el siglo XXI y no dejará de serlo mientras no se establezca una clara ordenación de (i) su financiación, (ii) su encuadramiento riguroso en una categoría de prestaciones que no son estrictamente sociales pero tampoco son estrictamente sanitarias, y (iii) su prevención.
La financiación de la dependencia, desde el principio de su ordenamiento, en 2006, viene caracterizada por la participación de las personas dependientes o sus familiares asumiendo una parte no despreciable del coste de la misma (un 20,53%), hasta donde se puede evaluar, porque hay un enorme coste oculto.
Este coste, en una adecuada técnica aseguradora, debería estar repartido entre toda la población pues rara es la familia extensa en la que no hay un caso de dependencia. Existen “seguros de dependencia”, pero su diseño es claramente inadecuado frente a la dimensión del problema.
Por otra parte, la ordenación y encuadramiento de la dependencia en el pilar público deja todavía que desear. La crisis financiera descargó la responsabilidad en las espaldas de las CC. AA. y municipios ante el desistimiento financiero de la administración central, lo que todavía colea.
La dependencia requiere recursos dedicados a todos los niveles (información, asistencia, redes de servicios, tratamientos, centros de día, residencias) que no pueden improvisarse con el personal y las estructuras de otros servicios, por afines que estas puedan parecer. El despliegue de estas redes de recursos no es sencillo ni barato. Se requieren gestores y personal especializado, sin renunciar a sinergias como las redes de servicios sociales o sanitarios, que deben quedar bien diferenciadas.
Los principales retos de la dependencia
La prevención de la dependencia, por fin, es otra asignatura pendiente. En primer lugar, se necesita mucha más investigación para determinar las causas de las enfermedades y deterioros debidos a la edad que desembocan en la dependencia, para actuar preventivamente. Por otra parte, se necesita también mucho trabajo de campo y experimentación para establecer los protocolos de intervención temprana que retrasen las fases más duras de la dependencia.
En el siglo XXI, el Estado del Bienestar debe incluir en su esencia, quizá más que otras funciones del pasado, a la atención efectiva a la dependencia y debe estar acompañado por un pilar complementario basado en la responsabilidad individual abastecido de una oferta coste-eficiente y satisfactoria de productos y servicios para las personas dependientes y sus familiares.
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