La dependencia como problema
La dependencia es la incapacidad de valerse por sí mismo para el desempeño de una serie de Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), como son moverse, alimentarse, vestirse o asearse, entre otras categorías de actividades básicas cada una de las cuales admite muchas variantes. La dependencia no es una enfermedad, pero trae causa de accidentes o enfermedades y condiciones físicas o psíquicas, en algunos casos de origen genético. La dependencia causada por una enfermedad puede agravar considerablemente la mera necesidad de cuidados al combinarse esta con tratamientos médicos intensivos en un espacio continuo de atención “socio-sanitaria”.
La dependencia conlleva severos problemas para las personas dependientes y sus familiares, demanda recursos crecientes tanto públicos como privados en medio de carencias generalizadas de los mismos, inexplicables diferencias territoriales y retrasos, por no decir retrocesos, en la aplicación de los estándares establecidos en el Libro Blanco y la misma Ley de Dependencia de 2006.
La dependencia afecta a personas en todas las edades, aunque el sostenido aumento de la esperanza de vida está provocando que cada vez haya más personas dependientes de edad avanzada. La prevalencia de la dependencia aumenta con la edad. Hasta el punto de que, mientras hasta los 54 años, las tasas de prevalencia (solicitudes de dependencia) por grupo de edad, oscilan ligeramente por encima del 1% de cada cohorte, a partir de esa edad aumentan vertiginosamente entre los diferentes grupos de edad hasta superar el 35% en el grupo de 80 y más años. El número de personas que a finales de 2023 se estimaban por la administración como “potencialmente dependientes” era de 6,49 millones, lo que incluye a toda la población de 80 y más años (2,95 millones de personas) y al 7,74% del resto de la población española (otros 3,53 millones de personas).
En la actualidad (diciembre 2023), en España, hay 1,41 millones de personas dependientes que perciben prestaciones y otras 155 mil en la lista de espera (el denominado “limbo” de la dependencia). Muchos cientos de miles de personas no han podido llegar a esta condición habiendo presentado una solicitud (2,1 millones de solicitudes vigentes) que o bien ha sido desestimada como merecedora de una calificación de grado y nivel o, habiéndose estimado, no conlleva el derecho a una prestación o, teniéndolo, dicha prestación todavía no es efectiva.
El gráfico siguiente aporta evidencia muy relevante sobre la expresión cuantitativa de la dependencia y su evolución desde la creación del Sistema de Atención a la Dependencia español en 2007, tras la promulgación de la Ley de Dependencia en 2006.
Fuente: elaboración LoRIS con datos IMSERSO e INE
La población de 65 y más años, sin embargo, ha crecido en el periodo 2007-2023 a un ritmo claramente superior al del reconocimiento de personas dependientes en sus diferentes fases (solicitud, reconocimiento, concesión de la prestación y percepción efectiva de la misma), especialmente pasados los primeros años de reconocimiento inicial de las personas dependientes ya existentes, pero sin clasificar con los criterios actuales antes de 2007
Los retos de la dependencia
Un primer reto para nuestro país viene de la mano de las largas demoras en cada etapa del proceso que lleva de la solicitud hasta la percepción efectiva de las prestaciones; demoras que afectan a millones de solicitudes. Estas demoras se están reduciendo, pero se contabilizan por muchos cientos de miles las que han fallecido en alguna de las fases de esta cadena sin haber visto resuelto su caso. O, peor, que han fallecido anticipadamente por no haber recibido los cuidados indicados en cada caso de habérseles reconocido estos en tiempo y forma.
Un segundo reto es el que plantea la gran dispersión de resultados en las administraciones autonómicas (y las dos ciudades autónomas).
Ambos retos se derivan de la insuficiencia de recursos aplicados a la dependencia, cuyo coste, en la OCDE, alcanza el 1,5% del PIB y en los países nórdicos supera el 3%.
En España, el gasto directo de la dependencia (público y privado) apenas supera el 0,7% del PIB (9.717 millones de euros en 2023), y eso que 0,15 puntos porcentuales de las anteriores (unos 1.995 millones) corresponden al gasto privado. En la parte del gasto público, por cierto, el 66,1% de esa parte corresponde a las CC. AA.
Numerosas voces expertas, profesionales y sectoriales, llevan años insistiendo en el mencionado 1,5% del PIB como nivel de gasto a partir del cual se encontrarían cubiertas las necesidades de la sociedad. Esto nos sitúa en un gasto anual, al PIB de 2023 (1,44 billones de euros), de 21,6 millardos de euros, de los cuales, a la ratio actual del gasto privado, arrojaría un gasto público total de 17,17 millardos.
Esta entrada continúa con una segunda parte y dos otras entradas de una serie de cuatro entradas.
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