Todo, o prácticamente todo, en la vida tiene un anverso y un reverso, y la escasez no es menos. 

Un recurso cuando es escaso se valora muchísimo y es un aliciente a ser más productivos para utilizarlo de forma eficiente. Nos hará mejores y nos estimulará a buscar sustitutos del mismo, si los hay.  

La abundancia nos llevará al proceso contrario, si no es al derroche puede llevarnos a la infravaloración. Ejemplo claro y evidente para los que tenemos cierta edad es el tiempo; de jóvenes es ilimitado y poco valioso, luego se invierte ese sentimiento y tendemos a ser más selectivos y cuidadosos en su utilización porque nos parece que nos falta.  

Pero cuando algo que consideramos necesario es escaso, según nuestra percepción, podría producirnos una angustia y una presión que derivarán en una experiencia desagradable. Un plazo de entrega de un trabajo o un servicio, con tan sólo una diferencia de un día, puede hacer que la experiencia sea placentera y se disfrute la tarea o que sea angustioso y perturbador; aunque si no hubiese esa fecha de entrega, quizá no se terminase nunca el proyecto. 

En el mundo animal, del que a veces nos olvidamos que somos parte, se ha comprobado que cuando los animales viven en espacios los que no hay o no disponen de los suficientes metros cuadrados, es decir, se da una cierta concentración o escasez de espacio vital, aquellos sufren estrés y tienen un comportamiento más nervioso y violento que acaba afectando negativamente a su calidad de vida 

De igual forma, el mercado de trabajo en nuestro país -origen de muchos de nuestros problemas previsionales- produce ese mismo efecto cuando sufre de escasez. Esta se podría medir por la ratio entre ofertas (vacantes) y demandas de empleo. En el mundo anglosajón, con apenas desempleo, puede llegar a darse una ratio de vacantes y demandantes de empleo superior a 1, mientras en España, con ratios inferiores a 0,1 o muy inferiores incluso, en las peores fases recesivas, vivimos el desempleo entre la angustia de encontrar un trabajo y el miedo a perderlo, si es que ya lo tenemos, o a vernos obligados a aceptar un trabajo de peor calidad para no perder derechos adquiridos y conservar otros derechos asociados al empleo, aparte, naturalmente, del sueldo. 

Análogamente, nuestra satisfacción con el nivel de ingresos aumenta según lo hacen estos, pero hasta una determinada cota por debajo de la cual consideramos que nuestros ingresos son escasos. Una vez que alcanzada esa cota de ingresos, que en EE UU suele estar alrededor de 50.000 dólares, un incremento adicional ya no nos produce tanta felicidad, o dicho de otra forma, ya no percibimos que estamos en una zona de escasez de ingresos y pasamos a valorarlos de distinta manera; ya no nos genera angustia no ganar más y nos y pasamos a preocupamos de otras “zonas de escasez” que percibimos con más intensidad. El efecto del veneno radica, a menudo, en la dosis. 

Pues bien, si trasladamos estas percepciones y experiencias desde la vida laboral (cuando tenemos margen para mejorar las cosas) a la etapa de nuestra jubilación, quedarse corto de recursos en esa fase de la vida frente a necesidades financieras superiores, a veces sobrevenidas tras la jubilación, puede conllevar una apreciable pérdida de calidad de vida. El no poder disponer siquiera de una pequeña cantidad adicional de dinero recurrente puede llegar a producir un sentimiento de angustia más intenso que el que produce la satisfacción, más percibida a menudo, que vivida, de estar en una situación financiera saneada y sin la preocupación del “no me alcanza para llegar a fin de mes”. 

Por eso, desde LoRIS, abogamos por la necesidad de constituir pequeños ahorros previsionales que permitan obtener estas rentas complementarias de jubilación, a ser posible vitalicias (junto a capitales contingentes, para afrontar cuidados de larga duración, idealmente).  

Consideramos muy importante que más y más personas puedan tener un complemento de pensión o de rentas para su vejez, una vez jubilados y/o a edades avanzadas. Por modestas que sean estas rentas, pueden representar una utilidad futura enrome, aunque no seamos capaces de percibir esto en el momento presente. La correcta y adecuada planificación de ciclo vital, junto con las buenas decisiones, son fundamentales tal y como hemos venido recogiendo insistentemente en este blog desde que lo iniciamos. 

La industria de las pensiones, aseguradores, mutualidades y entidades financieras, con el concurso de valiosísimo canal empresarial (empleadores) y/o profesional (Colegios, Mutualidades) para implementar las soluciones vinculadas a la actividad laboral, sirven a este propósito. La innovación en la oferta y el avance en los marcos conveniales, asociativos y regulatorios es la clave para la generalización del ahorro previsional.  

La calidad de vida a edades avanzadas depende de nuestra salud física, mental y financiera. Cada uno de estos frentes se prepara y planifica y no conviene descuidar ninguno de ellos. Aunque no sepamos ponderar el futuro, basta con que aceptemos la simple constatación de que siempre nos sentiremos peor sufriendo la escasez que disfrutando de la abundancia.  

Las alertas sobre la escasez no sirven para nada cuando ya estamos inmersos en situación y sin margen para reaccionar, pero son muy eficaces cuando la advertencia llega con suficiente antelación. 

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En 2022 el déficit contributivo de la seguridad social – para las pensiones contributivas, definido como ingresos por cotizaciones menos gastos por prestaciones- se quedó en unos 26.500 millones de euros, es decir que se gastaron 26.500 millones de euros más de los que se ingresaron, aunque finalmente el déficit oficial registrado fue de 7.160 millones de euros (se decidió que había gastos impropios que la Seguridad Social no debería hacerse cargo de ellos). Este es el motivo por el que estas grandes magnitudes no le afectan al público en general, ya que es difícil hacer una comparación sin una referencia con la que estemos familiarizados, por lo que poner este tipo de cifras en perspectiva es inmanejable para la mayoría de nosotros.  

Se argumenta sobre miles de millones de euros con demasiada facilidad, siempre hay alguien que los va a poner sea el Banco Central Europeo, la Unión Europea… (muchas veces se olvida el verbo prestar intencionadamente) pero que de alguna forma habrá que devolver; el dinero no cae del cielo aunque se diluya en el conjunto de los gastos generales del estado. Esos 26.500 millones de euros suponen casi un 2% del PIB, lo que, por cierto, tampoco dice mucho a la mayoría y nos parezca incluso más difícil de comparar, aunque, por lo menos, definimos un marco de referencia -el PIB. Este dato, también equivale al valor de un millón de coches de gama medio-alta, o algo más cercano como saber que podríamos disfrutar de unos 40.000 médicos más en el sistema público de salud durante casi 10 años.  

La falta de contextualización de las magnitudes nos dificulta entender el problema al que una cifra determinada pueda referirse -por ejemplo, la sostenibilidad de las pensiones-, o, al menos, enfocarlo. En 2022 los ingresos (devengados) por todo el IRPF fueron de 109 mil millones de euros; pues bien, esos 26.500 millones de euros suponen un 24,3% de todo lo recaudado por IRPF. Durante la pandemia, cuando las muertes afortunadamente bajaban y ya “solo” eran de unas 150 personas al día, nos costaba asociar ese número al de los fallecidos causados por tres accidentes fatales de autobús. Si Vd., en ese tiempo, pudo llevar a cabo tal tipo de comparaciones recordará que sólo pensarlo causaba una enorme angustia. 

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Repare el lector en que esta entrada, breve, desenfadada y especulativa, pertenece a la sección “Pausa-Café” de nuestro blog. Se trata de entradas hechas para ser leídas en un rato, mientras se degusta un café.  

Durante los últimos quince días, han aparecido dos noticias importantes. En primer lugar, Ferrovial ha decidido trasladar su sede fiscal a los Países Bajos. En segundo lugar, el Ministerio ha presentado sus últimas propuestas de reforma del sistema de pensiones. 

Es 2023, estamos en la Unión Europea, pertenecemos a un espacio Schengen y la libre circulación de empresas, personas y capitales está garantizada. Sin embargo, parece que los gestores de España S.A., es decir, el gobierno, no lo entienden. Deben de pensar que aún vivimos en un país en el que se puede obligar a los agentes económicos a voluntad sin que estos puedan votar con los pies.  

Un ejemplo es el caso de Ferrovial, en el que se intenta doblegar a la empresa para que cambie de opinión, en lugar de crear condiciones favorables y convincentes para que en lugar de irse, decida quedarse en España.  

El otro ejemplo es la reciente propuesta de reforma de las pensiones. Con casi un 13% de desempleo (el 30% entre los jóvenes de menos de 25 años) encarecer el factor trabajo parece no ser una idea en la dirección adecuada. Y esta reforma puede afectar, y va a afectar, seguramente, a la contratación, la productividad y la contratación de trabajadores de valor añadido.  

Los que pierden son los que no están, es decir, los jóvenes y los que se tendrían que incorporar a dicho mercado, ¡a ver quién los contrata! Los desincentivos están servidos y el futuro de las pensiones parece más sombrío cada vez que se pierde la ocasión para realizar una reforma más que necesaria. Pero quizá lo peor es cómo se protege a unos a costa de otros al tiempo que se quiere dar la impresión de que es posible que todo el mundo esté por encima de la media.  

La situación se asemeja a un bar que tiene cada vez menos clientes y el propietario, en lugar de mejorar la oferta de productos, cambiar la decoración o contratar camareros más competentes, decide subir los precios de toda la carta para intentar seguir obteniendo los mismos ingresos, mientras se reduce el número de clientes. El resultado de todo esto es un futuro poco esperanzador. 

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Esta es una interesante pregunta que casi todo el mundo se hace, especialmente la gente con cierta edad y que tenga interés en planificar su jubilación o al menos cómo va a ser su vida una vez llegado ese momento. Afortunadamente, en España tenemos la Seguridad Social que con su pensión pública elimina el riesgo respecto a la contingencia que supone desconocer el número de años que vamos a sobrevivir sin otros ingresos, al no estar activos profesional o laboralmente. La Seguridad Social, según muchos académicos reputados, es el mejor seguro de longevidad jamás inventado… mientras cumpla ciertas reglas, claro. 

Para una correcta planificación financiera en la vida restante tras la jubilación, hay que considerar al menos un número de años que todas las personas tienden a suponer que es la esperanza de vida a esa edad, pero que no tiene por qué ser así; factores como el entorno, los hábitos, la salud, incluso la zona geográfica, influyen de forma significativa en esta variable. Una edad media puede ser cierto para una cohorte dada, pero para un individuo en concreto de esa misma cohorte es bastante más complicado estimar su esperanza de vida, por no decir imposible, al menos hasta ahora.  

Según un estudio de la Universidad de Michigan, la mayoría tendemos recurrentemente a infraestimar el tiempo que vamos a vivir; creemos que este período va a ser inferior en un 25% al que realmente acabamos viviendo.

Afortunadamente, la mayoría de los mayores dejan herencias a sus descendientes, lo que quiere decir que la mayoría solventa este enorme fallo de previsión acerca de la duración de la vida. Porque, si hay algo peor que el patrimonio sobreviva a quien lo ha ido constituyendo poco a poco -no haberlo disfrutado o haber pasado privaciones para lograrlo- es que esa persona sobreviva a su patrimonio, porque las consecuencias que se derivan de esta situación nos conducen a la pobreza. Al menos en ausencia de esquemas públicos de pensiones que prevean por nosotros desde que nacemos a la vida laboral hasta que, como decían los antiguos sumerios, marchamos al encuentro de nuestro destino.

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En un informe publicado por Mckinsey (ver aqui) en diciembre de 2022, ha aparecido un dato que a pesar de su importancia ha pasado completamente desapercibido. Según sus cálculos, el incremento de riqueza neta (valor de los activos una vez deducidas las deudas) de los hogares y empresas en el periodo de 2000 a 2021 se ha debido en un 79% a la inflación del precio de los activos, impulsados por los bajos tipos de interés, mientras que sólo el restante 21% viene explicado por ahorro adicional acumulado durante el periodo. Y esto ha sido un proceso mundial, aunque con distintos impactos en cada país.  

De hecho, la riqueza neta creció, aproximadamente desde cuatro veces el PIB a más de cinco veces esta magnitud en ese período, un aumento muy relevante dada la secular estabilidad de esta proporción. Este 79% del incremento total de la riqueza neta se descompone en 29 puntos porcentuales en la medida estricta de la inflación del período y 50 puntos porcentuales en crecimiento del precio de los activos por encima de la inflación. Esto implica que la evolución de los tipos de interés (a la baja) utilizados al descontar los flujos de caja futuros probables de las inversiones, hace que su valor actual sea de mayor importe que si utilizásemos los tipos de interés existentes en 2000, año de partida del cálculo.  

Dicho de otra forma, el aparente aumento de la riqueza no se explica por haberse realizado más acumulación de ahorro (lo que sólo explica, como se decía 21 puntos porcentuales del aumento de la riqueza neta) y/o inversiones más productivas o eficientes; sino que se explica fundamentalmente porque los activos generan flujos de caja, incluyendo el efecto inflación, descontados para su valoración a unos tipos de descuento mayores, debido a unos tipos de interés menores.  

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Estamos viviendo en estos momentos una de las tasas de inflación más alta en décadas, un 10,5% en los últimos 12 meses -agosto 2021 a agosto 2022-, lo que supone un gran desafío para la economía y para el bienestar de todos los ciudadanos. 

Sin entrar en las causas que han originado este dato del IPC, la solución no pasaría por intentar que cada colectivo, de forma autónoma y descoordinada, trate de mantener el poder adquisitivo de sus rentas sin concertarse con todos los demás agentes. En realidad, ni siquiera de forma concertada sería posible evitar una merma de nuestro poder adquisitivo si la inflación es importada. La solución no es fácil, y es posible que en unos meses tengamos menos empleo y un PIB más bajo de los que tendríamos de no haberse dado este proceso inflacionario; pero si todos los agentes responden demandando no perder poder adquisitivo, se generará una espiral difícil de parar (efectos de segunda ronda).  

Dentro de un enfoque simplista, pero muy arraigado en nuestra sociedad, se asume que ciertas garantías, como es el mantenimiento del poder adquisitivo de una u otra partida de renta (alquileres, salarios, pensiones, márgenes empresariales), no tienen impacto alguno en otras partes del sistema económico, y que aparentemente caen del cielo; no habría más que aplicarlas y ya está. Pero es más complicado. Al fin y al cabo, estamos hablando de cómo se gestiona el dinero público con muchas implicaciones futuras, como son el coste de oportunidad, la rentabilidad de las inversiones, la productividad….  

La gran duda: imaginemos una pareja con ingresos de 40.000 euros al año sin hijos y con cierta edad, ¿es justo mantener su poder adquisitivo sobre el 100% de esos ingresos si tienen la casa pagada, sin deudas y sólo gastan el 20% mientras ahorran el resto? ¿No sería más eficiente, socialmente hablando, ayudar a las rentas que dedican un porcentaje más alto al gasto impactado por el IPC?, es decir aquellos hogares (de menores rentas, especialmente) y que más porcentaje dedican al consumo, porque no tienen capacidad de ahorro.  

Aun así, ¿no sería mejor ayudar a los hogares más sensibles y/o más afectados por la inflación mediante complementos de renta que no consoliden en la fuente primaria de la renta (como lo haría la plena indexación) y, especialmente, no vayan indiscriminadamente a todos los hogares que comparten esa misma fuente de renta (asalariados y pensionistas fundamentalmente)? 

Casi hemos perdido la habilidad que se requiere para convivir con la inflación, siquiera moderada, tanto los ciudadanos como los agentes que tienen todos los motivos para estar alerta a sus efectos. La industria de las pensiones se va a ver fuertemente impactada de muy diversas maneras por la inflación, y no menos por las subidas de tipos que se están produciendo y van a producirse en los próximos trimestres. Ante ello cabe desplegar muchas estrategias, pero no todas son aptas para afrontar un determinado episodio inflacionario. Depende de su intensidad y, especialmente, de su duración. Y esto es pronto para saberlo. Lo importante es que cuando ya lo sepamos no sea demasiado tarde.  

¿Cómo estaba el café? Seguiremos hablando. 

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Todos tenemos ideología, de alguna forma u otra, pero igual que no cocinamos o resolvemos un problema de álgebra aplicando nuestra ideología, tampoco deberíamos aplicarla apresuradamente, menos aún hasta el límite, en otros ámbitos de la vida, como por ejemplo en el ámbito de la economía.  

La ignorancia es más fácil de detectar, todos somos ignorantes en muchas materias, ser consciente de ello y asesorarnos, por ejemplo, cuando vamos al médico, nos hace tomar mejores decisiones. Aunque existan personas que creen que dominan todas las áreas del saber, son muy pocas las personas que se acercan siquiera un tanto a ese ideal.  

La inercia, por fin, es más sutil, pero no menos generalizada entre los humanos. No hacer nada supone una liberación para la conciencia: no he hecho nada y ha salido mal por lo que me considero menos responsable que si hubiese hecho algo y hubiese salido mal. Así funcionamos los (y las) sapiens. 

Esta aplicación de la receta de las “tres Íes” para el fracaso la venimos observando actualmente en nuestro sistema público de pensiones: como es público, funciona sin más y puede, al parecer, con todo, independientemente de con qué ingresos se disponga frente a las prestaciones que ofrece. No queremos ver la demografía que va a tener España en unos años (y eso que son muchos los expertos y organismos que llevan alertando sobre ello) si seguimos aferrándonos a la barrera intocable de los 65 años (67, vale…). Fenómeno, la demografía y su sencilla solución, que escondemos detrás de un velo o, mejor dicho, detrás de una cortinilla (de ducha) de ignorancia. Evitamos hacer ajustes estructurales, llevando a cabo reformas que no son de raíz, para no echarnos en contra a los votantes. Pero el sistema no vence su inercia, que es la nuestra. 

Ideología, ignorancia e inercia se aprecian también alrededor del debate sobre la loable iniciativa de los Planes de Empleo Simplificados cuya regulación se tramita en estos momentos en el Congreso. El caldo de cultivo del que surge este intento es el de la incalificable reducción de la deducción de las aportaciones a la Previsión Social Complementaria individual. Desde posiciones ideológicas que no han dejado de insistir en que los esquemas de capitalización son el Caballo de Troya de la privatización de la Seguridad Social. Desde la ignorancia de que los países avanzados a los que nos gustaría parecernos hacen lo posible por la generalización de la Previsión Social Complementaria (de empleo, preferentemente). Y desde la inercia de que la cultura previsional complementaria es poco menos que un-Spanish. Como si España no fuese, o no aspirase a ser, diferente… a sí misma.  

Porque mucho maldecimos de las empresas, a las que reclamamos que asuman costes previsionales cada vez mayores, pero no afrontamos en serio las reformas laborales que nos adentrarán en el siglo XXI. O la reforma de las fuentes de la productividad, que lleva más de tres décadas estancada. Los recursos del Estado del bienestar no salen de la nada, sino de una economía productiva. 

Por ahí andan a su aire las “tres íes” del laberinto previsional español. Pongámosles los puntos de una vez. 

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Urge fomentar la natalidad si queremos que haya más trabajadores que coticen a la Seguridad Social para que esta pueda pagar las pensiones que tiene comprometidas. 

Quienes esto afirman, desde analistas hasta consejeros autonómicos pasando por líderes sindicales y empresariales, se basan en valoraciones de la situación de las pensiones que son muy superficiales.  

Verdad es que la Seguridad Social financia sus gastos por prensiones con los ingresos por cotizaciones, por lo que la afirmación anterior tiene todos los visos de ser legítima.  

Pero, si cada euro que aportaran los nuevos cotizantes exigiese al sistema devolver un mayor número de euros, y por encima del crecimiento de la productividad del país, sería necesario incorporar más y más trabajadores al sistema a cada vuelta. Ello, a medio y largo plazo, solo provocaría una explosión del déficit y la deuda del sistema. 

A medio café, ya deberías empezar a notar que le falta azúcar y le sobra amargor a la taza que tienes entre las manos.  

Cuando la fórmula de cálculo de las pensiones es explosiva, la “solución” natalista se convierte en el camino hacia un esquema piramidal.  

No creemos que la Seguridad Social sea un tal esquema y tampoco nos gustaría que, debido a las falsas soluciones de arbitristas bien intencionados, se convirtiera en ello. Si te sobran unos minutos y te preocupa este asunto puedes leer más aquí. 

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En las circunstancias actuales, marcadas por el devastador conflicto bélico y la desorganización de la cadena global de suministros de productos energéticos, conocer con precisión hacia qué escenario macroeconómico nos dirigimos es muy difícil. Aun así, se pueden discernir algunos de estos escenarios probables. 

Ya está fuera de duda que la inflación se mantendrá elevada durante más tiempo del considerado inicialmente. En España parece que vamos a sufrir una presión fiscal efectiva más alta por la no deflactación de la escala del IRPF, lo que junto a la inflación reducirá doblemente la renta disponible de prácticamente todos las hogares y empresas. 

Por otra parte, como consecuencia de esta alta inflación, se incrementarán los tipos de interés. De momento, el Euribor a 12 meses, solo en marzo, ha aumentado 28 puntos básicos, aunque en loa que va de año lo ha hecho en 41 puntos básicos. Por su parte, la TIR de la deuda pública española a 10 años ha pasado del 0,57% al 1,50%, lo que afectará negativamente a todos aquellos agentes que se hayan endeudado a tipo variable o que piensen hacerlo en el futuro, ya sea a tipo fijo o variable. 

En tercer lugar, y esto sí que sería directamente achacable a la guerra de Ucrania, el cambio de modelo energético hacia uno más verde y menos dependiente de combustibles fósiles se va a acelerar de forma notable, para así reducir la dependencia energética de carbón y petróleo ruso. Esta aceleración, principalmente en el mercado europeo, aunque también en todo el mundo occidental, va a suponer una mayor necesidad de recursos destinados a su financiación: comprar tiempo es más caro proporcionalmente. Va a suponer también una oportunidad de inversión y un aumento relevante de la escala del sector verde, con el consiguiente incremento de su actividad, puestos de trabajo y demandas de inversión tanto públicas como privadas. 

En el ámbito financiero, las compañías de seguros, en su posición inversora en renta fija, van a poder encontrar nuevos activos con una rentabilidad nominal más interesante frente a la que venían encontrando hasta ahora (prácticamente cero o negativa en los activos con menos riesgo). La renta fija ganará atractivo, como opción interesante para invertir, por la subida de sus TIR (y no para estar invertido, por las naturales bajadas de precios de los títulos en cartera), aunque la rentabilidad real a estos niveles será negativa. En el sector, se tendrá la opción de invertir a tipos más altos tanto las nuevas primas como la tesorería generada por las actuales inversiones vencimientos, cupones…. mientras la renta variable quizá siga sufriendo, siempre existirán valores, sectores y mercados con buen desempeño. 

En la economía real, tanto de las empresas como de los hogares, los desafíos descritos afectarán de forma desigual a unas y otros. Las economías corporativas y familiares más flexibles y adaptadas limitarán los daños e, incluso, aprovecharán las oportunidades. Las menos flexibles, no serán capaces de adaptarse por completo o, si lo hacen, será pagando un precio elevado, quedándose algunas descolgadas en indicadores básicos de bienestar (renta, empleo, perspectivas de crecimiento).  

En el plano previsional, como ya hemos aludido en anteriores entradas, los desafíos son muchos. Aumentos del coste agregado de las pensiones para la Seguridad Social. Para los pensionistas, aumentos de los precios de los bienes y servicios que más demandan, entre otros. 

Frente a los escenarios que a partir de ahora cabe imaginar, ya impregnando la vida económica en España y en multitud de otros países, a corto plazo, solo cabe el diseño de planes responsables de protección a los agentes económicos (familias y empresas) más desfavorecidos y vulnerables, mediante una firme contención general del traslado (pass-through) de la inflación energética a toda la cadena de precios y costes y la ayuda directa condicionada y temporal a aquellos agentes.  

A medio y largo plazo, sin embargo, la mejor cobertura contra este tipo de impactos negativos ocasionales es tener un tejido empresarial moderno y productivo y una población laboral activa y bien formada, que, conjuntamente, sean capaces de generar valor para toda la sociedad mediante la creación sostenida de riqueza, ahorro, empleo de calidad y recursos suficientes para que el Estado pueda implementar planes sólidos de asistencia a los agentes más afectados por graves perturbaciones como la que nos afecta ahora sin tener que tensionar excesivamente los niveles de deuda o la presión fiscal al resto de los agentes. 

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Pero hay un par de importantes diferencias entre un impuesto ordinario y la inflación. La primera es que un impuesto, siempre oneroso para quien lo soporta, produce una contrapartida que beneficia a la sociedad entera, a través de los programas de gasto e inversión públicos a cuya financiación contribuye decisivamente. La segunda diferencia es que, sin comerlo ni beberlo, de la misma forma que los acreedores se ven perjudicados por la inflación ya que disminuye el valor de sus derechos patrimoniales, los deudores se ven beneficiados por aquella ya que también se reduce el valor de sus obligaciones o deudas hacia aquellos.  

La inflación, por otra parte, provoca reacciones en cadena. Reacciones que causan efectos de amplio espectro capaces de estimular una espiral inflacionista.  

En el ámbito previsional, ya hemos asumido plenamente el debate sobre la revalorización de las pensiones. Este debate se ha plasmado en la vuelta a la revalorización de aquellas con la inflación observada (pasada) vigente desde el 1 de enero del presente ejercicio en nuestro ordenamiento de Seguridad Social.  

El ajuste de las pensiones con la inflación de 2021 más la “paguilla” por desviación de la inflación en ese mismo año, en el que se solaparon los dos métodos de revalorización (por inflación prevista y por inflación pasada), supondrá, a lo largo del presente año 2022, un desembolso de unos 5,9 millardos de euros. Pero, a la vez, al consolidarse en las cuentas del sistema a futuro, supondrá también un desembolso en años venideros equivalente, en su conjunto y en valor presente, a 10,6 veces el importe mencionado para 2022, es decir, unos 62,4 millardos de euros.

Hoy, ya tenemos constancia de una tasa de inflación ínter anual en febrero del 7,6%. Las previsiones apuntan a una inflación media anual del 6,8% (FUNCAS, 11 de marzo de 2022, aquí), más de dos puntos porcentuales por encima de las que se contemplaban antes del estallido de la guerra debida a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

La actualización de las pensiones de cara a 2023 con una tasa del 6,8% supondría un desembolso en ese mismo año de 10,1 millardos de euros, con un valor presente de casi 107 millardos. ¿Puede el sistema permitirse estos desembolsos?

El titular del MISSM se ha apresurado a decir que las pensiones se revalorizarán con la inflación sea cual sea esta. Entre otros motivos para limitar el impacto de estos ajustes se cita el que las pensiones se financian con cotizaciones que también están indexadas con la inflación (por la revalorización de los salarios). Conviene añadir algunos granos de sal a esta idea de que nos podemos permitir la indexación plena de las pensiones porque las cotizaciones también están indexadas con la inflación y, parece deducirse, nos quedamos con lo comido por lo servido. 

Pues no. Por varias razones. Primera, los salarios, difícilmente se indexarán plenamente con una inflación tan elevada. Segunda, los ingresos por cotizaciones ya no son equivalentes a los gastos en pensiones, sino sensiblemente menores y cada vez menores. Y tercera, aunque con efectos demorados, la fórmula española de las pensiones retorna a los trabajadores jubilados 1,7 euros en forma de pensión por cada euro cotizado. 

Todos estamos de acuerdo en que la inflación que nos amenaza ya nos está empobreciendo y se requiere un pacto de rentas (PR). No es una negociación sencilla, ni se trata de un mecanismo fácil de implementar. Pero si ese PR consistiese en que trabajadores (asalariados y autónomos), pensionistas, empresas y rentistas varios (arrendadores de vivienda, por ejemplo) obtuviesen ajustes plenos contra la inflación entonces tendríamos encima la maldición de una espiral inflacionista devastadora, que habría que matar con una restricción monetaria brutal provocada por el BCE. Lo que solo sucedería si toda la eurozona sufriese esta espiral inflacionista, no se olvide. Y lo más aconsejable, para evitar este escenario, sería que ese PR consistiese en un consenso para limitar en todos los casos la compensación por el impacto de la inflación a una porción de esta. 

No parece que garantizar plenamente el poder adquisitivo de las pensiones, sea cual sea la inflación, sea viable sin provocar una descomunal deuda de Seguridad Social. Tampoco sería justo. 

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