Entre los economistas existe la convicción, plenamente fundada, de que la inflación es un impuesto. Lo es, en el sentido de que detrae poder adquisitivo de las rentas de quienes la sufren. No solo de las rentas, también reduce el valor patrimonial real de los activos y derechos de aquellos. Los impuestos que pagamos a la hacienda pública producen el mismo resultado, sean directos o indirectos, sobre la renta, el gasto o el patrimonio. Los impuestos excesivos son distorsionadores de las decisiones de asignación de recursos, la inflación excesiva también lo es, hasta el punto de matar el horizonte estratégico y de planificación de los agentes económicos.
Pero hay un par de importantes diferencias entre un impuesto ordinario y la inflación. La primera es que un impuesto, siempre oneroso para quien lo soporta, produce una contrapartida que beneficia a la sociedad entera, a través de los programas de gasto e inversión públicos a cuya financiación contribuye decisivamente. La segunda diferencia es que, sin comerlo ni beberlo, de la misma forma que los acreedores se ven perjudicados por la inflación ya que disminuye el valor de sus derechos patrimoniales, los deudores se ven beneficiados por aquella ya que también se reduce el valor de sus obligaciones o deudas hacia aquellos.
La inflación, por otra parte, provoca reacciones en cadena. Reacciones que causan efectos de amplio espectro capaces de estimular una espiral inflacionista.
En el ámbito previsional, ya hemos asumido plenamente el debate sobre la revalorización de las pensiones. Este debate se ha plasmado en la vuelta a la revalorización de aquellas con la inflación observada (pasada) vigente desde el 1 de enero del presente ejercicio en nuestro ordenamiento de Seguridad Social.
El ajuste de las pensiones con la inflación de 2021 más la “paguilla” por desviación de la inflación en ese mismo año, en el que se solaparon los dos métodos de revalorización (por inflación prevista y por inflación pasada), supondrá, a lo largo del presente año 2022, un desembolso de unos 5,9 millardos de euros. Pero, a la vez, al consolidarse en las cuentas del sistema a futuro, supondrá también un desembolso en años venideros equivalente, en su conjunto y en valor presente, a 10,6 veces el importe mencionado para 2022, es decir, unos 62,4 millardos de euros.
Hoy, ya tenemos constancia de una tasa de inflación ínter anual en febrero del 7,6%. Las previsiones apuntan a una inflación media anual del 6,8% (FUNCAS, 11 de marzo de 2022, aquí), más de dos puntos porcentuales por encima de las que se contemplaban antes del estallido de la guerra debida a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La actualización de las pensiones de cara a 2023 con una tasa del 6,8% supondría un desembolso en ese mismo año de 10,1 millardos de euros, con un valor presente de casi 107 millardos. ¿Puede el sistema permitirse estos desembolsos?
El titular del MISSM se ha apresurado a decir que las pensiones se revalorizarán con la inflación sea cual sea esta. Entre otros motivos para limitar el impacto de estos ajustes se cita el que las pensiones se financian con cotizaciones que también están indexadas con la inflación (por la revalorización de los salarios). Conviene añadir algunos granos de sal a esta idea de que nos podemos permitir la indexación plena de las pensiones porque las cotizaciones también están indexadas con la inflación y, parece deducirse, nos quedamos con lo comido por lo servido.
Pues no. Por varias razones. Primera, los salarios, difícilmente se indexarán plenamente con una inflación tan elevada. Segunda, los ingresos por cotizaciones ya no son equivalentes a los gastos en pensiones, sino sensiblemente menores y cada vez menores. Y tercera, aunque con efectos demorados, la fórmula española de las pensiones retorna a los trabajadores jubilados 1,7 euros en forma de pensión por cada euro cotizado.
Todos estamos de acuerdo en que la inflación que nos amenaza ya nos está empobreciendo y se requiere un pacto de rentas (PR). No es una negociación sencilla, ni se trata de un mecanismo fácil de implementar. Pero si ese PR consistiese en que trabajadores (asalariados y autónomos), pensionistas, empresas y rentistas varios (arrendadores de vivienda, por ejemplo) obtuviesen ajustes plenos contra la inflación entonces tendríamos encima la maldición de una espiral inflacionista devastadora, que habría que matar con una restricción monetaria brutal provocada por el BCE. Lo que solo sucedería si toda la eurozona sufriese esta espiral inflacionista, no se olvide. Y lo más aconsejable, para evitar este escenario, sería que ese PR consistiese en un consenso para limitar en todos los casos la compensación por el impacto de la inflación a una porción de esta.
No parece que garantizar plenamente el poder adquisitivo de las pensiones, sea cual sea la inflación, sea viable sin provocar una descomunal deuda de Seguridad Social. Tampoco sería justo.
