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Las personas desfavorecidas viven bastantes años menos que las personas favorecidas. Esta afirmación no debería sorprender a nadie. La llamada ‘curva de Preston’ muestra como los países con más alta renta tienen expectativas de vida que superan hasta en cuarenta años a las que se observan en los países con más baja renta. No sorprenderá saber que los hombres viven cinco años y medio menos que las mujeres y, además, es bien sabido. Pero es poco conocido que los solteros viven menos que los emparejados (ellas no). Por supuesto, las personas fumadoras, menos que las no fumadoras. Los deportes de riesgo y otros estilos de vida poco saludables son también factores determinantes de una enorme heterogeneidad en la duración de la vida. Pero la pobreza mata prematuramente, además de empobrecer. Leer el artículo aquí

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Los avances en la ciencia médica, las nuevas tecnologías y el crecimiento de la riqueza, junto con otros factores, traen consigo una cada vez mayor esperanza de vida al nacer y para las personas que llegan con vida a los 65 años, así como, en bastantes casos, una mejora de la calidad de la vida durante la vejez. La esperanza de vida ha venido creciendo de media 16 meses cada 10 años.

El artículo de Fernando Martínez-Cué, aquí

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Un aspecto especialmente grave a resolver es el de las plazas residenciales. En enero de 2023 había en España 398 mil plazas residenciales, exactamente 4 plazas por cada 100 personas de 65 y más años. Se recomienda tener 5 plazas por cada 100 habitantes de esta edad, es decir, unas 100 mil plazas adicionales. Con 1,4 millones de personas dependientes que perciben prestaciones, sólo las casi 400 mil plazas residenciales existentes representan una enorme incidencia de los cuidados permanentes de larga duración.  

Es difícil encontrar un consenso sobre el coste anual medio de una plaza residencial, pero una estimación actual de unos 2.000 euros al mes puede ser representativa de la gama media de este tipo de establecimientos. Ello representa 24.000 euros al año que, para las 400 mil plazas existentes, determina ya un gasto de 9.600 millones de euros, un 0,67% del PIB, sólo para cubrir el coste residencial. Un gasto equivalente a todo el gasto público y los copagos privados en todo el sistema vigente de dependencia en estos momentos. 

Los datos clave del coste de la dependencia 

El coste global de la dependencia se nos escapa, tanto de la realidad del sistema público como del conocimiento de lo que las familias de las personas dependientes (y estas mismas) deben afrontar. No es descabellado suponer que en 2050, la dependencia, debidamente definidas las fronteras entre lo “socio” y lo “sanitario”, lo público y lo privado, absorba un coste equivalente a 4 o 5 puntos porcentuales del PIB.  

Precisamente, en la (pobre) definición de estas fronteras y espacios asistenciales radica un reto adicional del sistema español de dependencia. 

La dependencia en la Sociedad del Bienestar: financiación, ordenación y prevención 

La dependencia se ha convertido en uno de los grandes retos del bienestar de los ciudadanos en el siglo XXI y no dejará de serlo mientras no se establezca una clara ordenación de (i) su financiación, (ii) su encuadramiento riguroso en una categoría de prestaciones que no son estrictamente sociales pero tampoco son estrictamente sanitarias, y (iii) su prevención. 

La financiación de la dependencia, desde el principio de su ordenamiento, en 2006, viene caracterizada por la participación de las personas dependientes o sus familiares asumiendo una parte no despreciable del coste de la misma (un 20,53%), hasta donde se puede evaluar, porque hay un enorme coste oculto.  

Este coste, en una adecuada técnica aseguradora, debería estar repartido entre toda la población pues rara es la familia extensa en la que no hay un caso de dependencia. Existen “seguros de dependencia”, pero su diseño es claramente inadecuado frente a la dimensión del problema. 

Por otra parte, la ordenación y encuadramiento de la dependencia en el pilar público deja todavía que desear. La crisis financiera descargó la responsabilidad en las espaldas de las CC. AA. y municipios ante el desistimiento financiero de la administración central, lo que todavía colea.  

La dependencia requiere recursos dedicados a todos los niveles (información, asistencia, redes de servicios, tratamientos, centros de día, residencias) que no pueden improvisarse con el personal y las estructuras de otros servicios, por afines que estas puedan parecer. El despliegue de estas redes de recursos no es sencillo ni barato. Se requieren gestores y personal especializado, sin renunciar a sinergias como las redes de servicios sociales o sanitarios, que deben quedar bien diferenciadas.  

Los principales retos de la dependencia 

La prevención de la dependencia, por fin, es otra asignatura pendiente. En primer lugar, se necesita mucha más investigación para determinar las causas de las enfermedades y deterioros debidos a la edad que desembocan en la dependencia, para actuar preventivamente. Por otra parte, se necesita también mucho trabajo de campo y experimentación para establecer los protocolos de intervención temprana que retrasen las fases más duras de la dependencia. 

En el siglo XXI, el Estado del Bienestar debe incluir en su esencia, quizá más que otras funciones del pasado, a la atención efectiva a la dependencia y debe estar acompañado por un pilar complementario basado en la responsabilidad individual abastecido de una oferta coste-eficiente y satisfactoria de productos y servicios para las personas dependientes y sus familiares. 

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La dependencia es la incapacidad de valerse por sí mismo para el desempeño de una serie de Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), como son moverse, alimentarse, vestirse o asearse, entre otras categorías de actividades básicas cada una de las cuales admite muchas variantes. La dependencia no es una enfermedad, pero trae causa de accidentes o enfermedades y condiciones físicas o psíquicas, en algunos casos de origen genético. La dependencia causada por una enfermedad puede agravar considerablemente la mera necesidad de cuidados al combinarse esta con tratamientos médicos intensivos en un espacio continuo de atención “socio-sanitaria”.  

La dependencia conlleva severos problemas para las personas dependientes y sus familiares, demanda recursos crecientes tanto públicos como privados en medio de carencias generalizadas de los mismos, inexplicables diferencias territoriales y retrasos, por no decir retrocesos, en la aplicación de los estándares establecidos en el Libro Blanco y la misma Ley de Dependencia de 2006. 

La dependencia afecta a personas en todas las edades, aunque el sostenido aumento de la esperanza de vida está provocando que cada vez haya más personas dependientes de edad avanzada. La prevalencia de la dependencia aumenta con la edad. Hasta el punto de que, mientras hasta los 54 años, las tasas de prevalencia (solicitudes de dependencia) por grupo de edad, oscilan ligeramente por encima del 1% de cada cohorte, a partir de esa edad aumentan vertiginosamente entre los diferentes grupos de edad hasta superar el 35% en el grupo de 80 y más años. El número de personas que a finales de 2023 se estimaban por la administración como “potencialmente dependientes” era de 6,49 millones, lo que incluye a toda la población de 80 y más años (2,95 millones de personas) y al 7,74% del resto de la población española (otros 3,53 millones de personas). 

En la actualidad (diciembre 2023), en España, hay 1,41 millones de personas dependientes que perciben prestaciones y otras 155 mil en la lista de espera (el denominado “limbo” de la dependencia). Muchos cientos de miles de personas no han podido llegar a esta condición habiendo presentado una solicitud (2,1 millones de solicitudes vigentes) que o bien ha sido desestimada como merecedora de una calificación de grado y nivel o, habiéndose estimado, no conlleva el derecho a una prestación o, teniéndolo, dicha prestación todavía no es efectiva. 

El gráfico siguiente aporta evidencia muy relevante sobre la expresión cuantitativa de la dependencia y su evolución desde la creación del Sistema de Atención a la Dependencia español en 2007, tras la promulgación de la Ley de Dependencia en 2006. 

Fuente: elaboración LoRIS con datos IMSERSO e INE 

La población de 65 y más años, sin embargo, ha crecido en el periodo 2007-2023 a un ritmo claramente superior al del reconocimiento de personas dependientes en sus diferentes fases (solicitud, reconocimiento, concesión de la prestación y percepción efectiva de la misma), especialmente pasados los primeros años de reconocimiento inicial de las personas dependientes ya existentes, pero sin clasificar con los criterios actuales antes de 2007 

Los retos de la dependencia 

Un primer reto para nuestro país viene de la mano de las largas demoras en cada etapa del proceso que lleva de la solicitud hasta la percepción efectiva de las prestaciones; demoras que afectan a millones de solicitudes. Estas demoras se están reduciendo, pero se contabilizan por muchos cientos de miles las que han fallecido en alguna de las fases de esta cadena sin haber visto resuelto su caso. O, peor, que han fallecido anticipadamente por no haber recibido los cuidados indicados en cada caso de habérseles reconocido estos en tiempo y forma. 

Un segundo reto es el que plantea la gran dispersión de resultados en las administraciones autonómicas (y las dos ciudades autónomas).  

Ambos retos se derivan de la insuficiencia de recursos aplicados a la dependencia, cuyo coste, en la OCDE, alcanza el 1,5% del PIB y en los países nórdicos supera el 3%. 

En España, el gasto directo de la dependencia (público y privado) apenas supera el 0,7% del PIB (9.717 millones de euros en 2023), y eso que 0,15 puntos porcentuales de las anteriores (unos 1.995 millones) corresponden al gasto privado. En la parte del gasto público, por cierto, el 66,1% de esa parte corresponde a las CC. AA. 

Numerosas voces expertas, profesionales y sectoriales, llevan años insistiendo en el mencionado 1,5% del PIB como nivel de gasto a partir del cual se encontrarían cubiertas las necesidades de la sociedad. Esto nos sitúa en un gasto anual, al PIB de 2023 (1,44 billones de euros), de 21,6 millardos de euros, de los cuales, a la ratio actual del gasto privado, arrojaría un gasto público total de 17,17 millardos. 

Esta entrada continúa con una segunda parte y dos otras entradas de una serie de cuatro entradas. 

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La entrada La dependencia es el gran reto de la Sociedad del Bienestar (I) se publicó primero en www.lorisretirement.com.

Los hogares encabezados por personas de 55 y más años, edad a la que se acepta que se inicia la vida sénior, poseen un porcentaje cada vez mayor de la riqueza real total. Al tiempo que cada vez hay también más hogares dentro de este grupo de edad. ¿Son cada vez más ricos o son cada vez más? Pues ambas cosas, aunque lo de “ricos” hay que entenderlo de manera relativa, porque todos los hogares españoles han visto caer en el periodo el valor de sus ahorros reales (léase inmobiliarios), pero este valor todavía no se ha recuperado del todo. Pero centrémonos en la parte de la riqueza real total que detentan estos hogares, llamémosles, sénior 

El gráfico anterior muestra que, en 2002, el 44 % de los hogares estaban encabezados por personas de 55 y más años, mientras que dos décadas después, en 2022, ese porcentaje ha subido al 50 %. Aquellos hogares detentaban el 45% de la riqueza real total mientras que los actuales, encabezados también por personas de 55 y más años, detentan ahora el 60 % de la riqueza real total. ¿Es excesiva esta concentración de riqueza real en los hogares de mayor edad? Lo comentamos al final. 

Por el contrario, los hogares encabezados por personas menores de 35 años han sufrido una evolución a la inversa en ambas métricas: decrece severamente el porcentaje de hogares de esta edad sobre el total y, al mismo tiempo, lo hace la proporción de su riqueza real sobre el total, que disminuye de forma dramática. Si en 2002 estos hogares representaban el 15% del total y poseían el 10% de la riqueza real, en 2022, los hogares equivalentes representan el 7% y poseen el 2% de la riqueza real total. ¿Estamos ante un descalabro estructural de la propiedad entre los hogares jóvenes? 

Desde luego, hay muchos, pero muchos, menos hogares jóvenes y, sí, todo indica que poseen mucha menos riqueza real que sus predecesores de hace dos décadas. Su acceso a la vivienda se ha recortado sensiblemente, tanto por la vía de la propiedad, que es cara, como por la vía del alquiler, que es más cara todavía. Eso explicaría el descontento creciente de los jóvenes, no solo sobre sus perspectivas laborales y de progreso vital sino sobre la creciente dificultad de emancipación y la formación de un hogar. 

Tan indiscutible como es este problema, es bastante discutible, sin embargo, el “problema” de que los hogares encabezados por una persona sénior acaparan una porción excesiva de la riqueza real total.  

Los hogares jóvenes sufren una descomunal carestía de sus soluciones residenciales, no lo tienen fácil. Pero necesitamos trabajo de campo a fondo para conocer a ciencia cierta si su baja tasa de propiedad de la vivienda trae causa de esta carestía o se solapa también a una cierta desafección de las nuevas generaciones por la propiedad (vivienda, coche, etc.). No es un asunto menor. Por más que nos deba preocupar, y mucho, la perspectiva general de progreso de estas generaciones. 

Pero lo que no se entiende es la excesiva preocupación porque el 50% de los hogares, los de mayor edad y más larga trayectoria laboral y financiera, concentren “tan sólo” el 60% de la riqueza real total. Francamente, lo extraño sería lo contrario. Es más, lo contrario sería muy extraño. No puede decirse que esta tasa de concentración de la riqueza real en estos hogares sea desproporcionada. Ni tampoco que esta sea la causa de que los hogares más jóvenes sufran esta “desposesión” de riqueza. Hay otras causas. Miremos al complejo “formativo-laboral”, más bien. 

• En siguientes entradas exploraremos la composición de la riqueza real y financiera, especialmente en los activos inmobiliarios y su impacto en estas relevantes diferencias intergeneracionales. 

La entrada ¿Aumenta la desigualdad intergeneracional de la riqueza?  se publicó primero en www.lorisretirement.com.

Los hogares encabezados por personas de 55 y más años, edad a la que se acepta que se inicia la vida sénior, poseen un porcentaje cada vez mayor de la riqueza real total. Al tiempo que cada vez hay también más hogares dentro de este grupo de edad. ¿Son cada vez más ricos o son cada vez más? Pues ambas cosas, aunque lo de “ricos” hay que entenderlo de manera relativa, porque todos los hogares españoles han visto caer en el periodo el valor de sus ahorros reales (léase inmobiliarios), pero este valor todavía no se ha recuperado del todo.  

¿Es excesiva la concentración de riqueza real en los hogares de mayor edad? 

Por el contrario, los hogares encabezados por personas menores de 35 años han sufrido una evolución a la inversa en ambas métricas: decrece severamente el porcentaje de hogares de esta edad sobre el total y, al mismo tiempo, lo hace la proporción de su riqueza real sobre el total, que disminuye de forma dramática. Si en 2002 estos hogares representaban el 15% del total y poseían el 10% de la riqueza real, en 2022, los hogares equivalentes representan el 7% y poseen el 2% de la riqueza real total.  

¿Estamos ante un descalabro estructural de la propiedad entre los hogares jóvenes?  

• En siguientes entradas exploraremos la composición de la riqueza real y financiera, especialmente en los activos inmobiliarios y su impacto en estas relevantes diferencias intergeneracionales. 

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«La monetización de la vivienda con propósito previsional empieza a ser percibida como la posibilidad real de generar a corto plazo los complementos de rentas de jubilación que millones de jubilados y trabajadores españoles necesitan ya de manera creciente.»

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La tercera de ABC 260124

La entrada José Antonio Herce en la tercera de ABC. «La gran desamortización inmobiliaria» se publicó primero en www.lorisretirement.com.