La Seguridad Social es una institución universal. Es, seguramente, después de un Banco Central, una de las instituciones más importantes en cualquier país. Y, no por casualidad, afronta retos muy parecidos, aunque cada país es un mundo en sí mismo en esta materia también. El principal de estos retos es el incesante aumento de la esperanza de vida que, a pesar de su predictibilidad, siempre pilla retrasados a los legisladores. No va a ser el caso de Andorra.
Andorra lleva lustros de intensa transformación en los planos social, económico y político. Una de las dimensiones menos conocidas del gran público es su sistema de protección social. En la Seguridad Social andorrana se combinan las dos grandes patas del Estado del Bienestar: la de los cuidados sanitarios de la población y la de las pensiones, a través de, respectivamente, la Rama de Salud y la Rama de Jubilación.
Estos esquemas se rigen por sendos métodos financieros similares a los que se encuentran en los países europeos más avanzados. La rama de salud se financia mediante los recursos presupuestarios generales si bien los ciudadanos abonan en primera instancia los gastos sanitarios en los que incurren, gastos que les son reembolsados en su mayoría. Este método implica un copago sanitario directo que, no obstante, está graduado por la capacidad económica de cada ciudadano.
En lo referente a las pensiones, estas se financian mediante el “reparto” corriente de las cotizaciones de empleadores y trabajadores. Pero, a diferencia de los regímenes de reparto convencionales, su fórmula de cálculo de las pensiones es de “aportación definida” en vez de “prestación definida”. Es decir, que la pensión se calcula mediante “puntos de pensión” que transforman las cotizaciones efectivamente realizadas por cada trabajador en toda su vida laboral en derechos económicos de jubilación. Una original combinación de reparto efectivo y capitalización implícita que evoca a los sistemas de “cuentas nocionales” más avanzados de Europa.
El gobierno andorrano, sobre la base de los estudios actuariales de la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS), que indican la próxima aparición de déficits en las cuentas de la rama de jubilación y el, algo más lejano, agotamiento del Fondo de Reserva de la Jubilación, decidió en su momento llamar a todas las fuerzas políticas a un Pacto de Estado y convocar una Comisión para la Reforma de las Pensiones, alojada en el Parlamento y multipartita.
Las dos referencias que siguen permitirán al lector hacerse una cabal idea del proceso iniciado el año pasado que culmina un periodo ya largo de reformas de la Seguridad Social andorrana en su rama de jubilación. Entre 2008 y 2015, se adoptaron reformas valientes que evitaron el déficit del sistema y aportaron importantes recursos a su Fondo de Reserva de la Jubilación. Ello acompañado de un relevante ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía. Más recientemente, se ha lanzado el pacto antedicho para afrontar un periodo de análisis y reflexión sobre el futuro (lo que es una lección bien aprendida en el pasado) mediante la creación de la Comisión para la Reforma de las Pensiones también mencionada. La sostenibilidad de las pensiones está en juego en todo el mundo y en Andorra ya están trabajando por su futuro previsional.
