En los últimos años, el tratamiento fiscal de los Planes de Pensiones Individuales se ha deteriorado considerablemente. En la actualidad, el límite absoluto de deducción de las aportaciones en el IRPF, para estos vehículos, se sitúa en 1.500 €, cuando en 2020 era de hasta 8.000 €.
Este grave deterioro del tratamiento fiscal de un vehículo previsional muy extendido (7,5 millones de cuentas de partícipes de planes de pensiones individuales), basado en la equivocada doble creencia de que los planes individuales son un producto exclusivo para particulares de elevado poder adquisitivo y de que al reducir los límites de deducción de los planes individuales las aportaciones se trasladarían a los planes de empleo, solo ha servido para desproteger a los millones de partícipes, trabajadores y no trabajadores, de estos vehículos previsionales.
Muchos de estos partícipes, trabajadores autónomos, en particular, han visto cómo los estímulos a su ahorro para la jubilación se veían fuertemente limitados, desprotección que se ha venido a sumar a la que ya sufren por la limitación estructural que la elección de base de cotización a la Seguridad Social induce en sus posibilidades de acceder a una pensión pública suficiente.
Los datos recogidos por INVERCO en los últimos dos años revelan claramente el descalabro que han sufrido las aportaciones de partícipes a los planes del subsistema individual. Hecho que se acopla a una tendencia ya generalizada en el sistema de planes y fondos de pensiones a que los ingresos por aportaciones sean inferiores a los gastos por prestaciones, tanto en el subsistema individual, aún más desequilibrado tras los recortes fiscales, como en el subsistema de empleo.
En entradas previas del Blog de LoRIS, hemos documentado y comentado estas tendencias, al tiempo que hemos saludado positivamente la entrada en vigor de la Ley 12/2022 de impulso a los Fondos Públicos de Pensiones de Empleo y de regulación de los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados.
En efecto, en esta normativa se da un paso decisivo para impulsar la languideciente trayectoria de la Previsión Social Complementaria española. Los Planes Simplificados impulsan las figuras de los Planes Sectoriales conveniales y los Planes de trabajadores autónomos (promovidos por sus asociaciones, mutualidades y colegios profesionales).
Estos últimos devuelven a los trabajadores autónomos una buena mitad del tratamiento fiscal arrebatado a los planes individuales con las Leyes Presupuestarias de diciembre de 2020 y 2021, ya que ahora, ya vigente, existe un nuevo límite de deducción para trabajadores autónomos que alcanza hasta los 5.750 €. No son los 10.000 € a los que actualmente podrían llegar a acogerse los trabajadores asalariados, pero son bastante más que los 1.500 € que había hasta la entrada en vigor de la citada Ley.
Todos estos cambios, de por sí, ya hacen al marco previsional español inestable y propenso a la intervención política basada en la acción (acertada o no) y a la reacción (correctora o no) de unas y otras fuerzas políticas.
En este marco de cimientos inestables se produce el adelanto electoral de diciembre a julio y surge ya claramente en el horizonte la intención de incrementar los actuales límites de aportación y de deducción de aportaciones a los planes individuales, por parte del PP en el caso de que este partido gane las elecciones. Sin duda, esta intención se produciría en su momento de no haberse producido el adelanto de las elecciones.
Pero este adelanto se ha producido y ya estamos contemplando ahora opciones que hubiese tocado comentar unos meses más tarde.
Si se produjese la vuelta a los límites de la deducción fiscal de las aportaciones a los planes individuales existentes hasta 2020, nos encontraríamos bien con que estos vehículos podrían llegar a tener un mejor trato fiscal que los Planes de Pensiones Simplificados de carácter asociativo (para autónomos), o bien con que si continuase vigente el límite adicional por aportaciones a planes de pensiones de empleo (actualmente de hasta 4.250 euros en el caso de autónomos) y el mismo continuase operando en exceso sobre el límite general o conjunto (actualmente de 1.500 euros) como tal límite adicional, muchos autónomos tendrían suficiente con un límite conjunto de aportación que fuera incrementado, pudiendo destinar todo su ahorro a planes individuales sin necesidad de recurrir a planes simplificados de autónomos.
Pero, entonces, ¿cuál sería el interés de promover planes simplificados de tipo asociado? Esta pregunta ronda ya en la cabeza de potenciales promotores de planes simplificados de trabajadores autónomos y de gestores de los fondos correspondientes.
Pues bien, el propósito de esta entrada es justamente el de recomendar que, incluso en el caso de que los planes individuales recuperasen los anteriores limites fiscales, se sigan promoviendo planes simplificados de trabajadores autónomos, así como también los planes simplificados sectoriales (asalariados).
En lo que se refiere a estos últimos, la recuperación de los límites de deducción de los planes individuales debería ser totalmente inocua. Es decir que, si hasta ahora los planes simplificados sectoriales son una magnífica alternativa para extender la previsión social complementaria entre los asalariados, por su capacidad para incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas entre las que no había calado este espíritu previsional, frente a los planes de empleo convencionales, poco extendidos entre aquellas, lo mismo puede decirse de los planes simplificados de autónomos frente a los planes individuales convencionales.
Los planes de pensiones empleo no siempre han tenido el mismo trato fiscal y hemos defendido los nuevos planes simplificados porque son más inclusivos de las pymes que los convencionales y susceptibles de alcanzar una mucho mayor escala.
Pues igualmente se expresa nuestro apoyo a los planes simplificados asociativos (autónomos), incluso si se recupera el anterior tratamiento fiscal de 2020, de hasta 8.000 euros de aportaciones deducibles de la base imponible del IRPF (se sobreentiende que para ambos tipos de vehículos).
Esa defensa se justifica porque las economías de escala de los planes simplificados de autónomos pueden ser enormes (piénsese, por ejemplo, en el plan simplificado de ATA), y por lo tanto su coste de gestión también sería sensiblemente inferior al de los planes individuales. De la misma forma que se ganaría la nada despreciable simplificación administrativa. Los menores costes de gestión son uno de los catalizadores para lograr una mayor rentabilidad neta del ahorro a jubilación de los autónomos.
Además, los planes simplificados de autónomos se benefician de similar universalidad en el acceso a los mismos que la que gozan los planes de pensiones individuales, ya que cualquier trabajador por cuenta propia puede voluntariamente adherirse a cualquier plan simplificado promovido por cualquier asociación, federación o confederación de autónomos, sindicato, colegio profesional o mutualidad de previsión social empresarial vinculada al anterior, sin que se le pueda negar su participación aunque no tenga ningún vínculo con el promotor.
Ese libre acceso para los trabajadores por cuenta propia, que garantiza el acceso a las economías de escala (bajos gastos de gestión) a todos los autónomos de España (territorio común) supone una clara y diferenciada ventaja de los planes simplificados de autónomos respecto a los antiguos planes de pensiones del sistema asociado, cuya participación estaba restringida a los asociados, colegiados o miembros de la entidad promotora.
Por lo tanto, los planes de pensiones simplificados de autónomos podrían y deberían alcanzar un significativo protagonismo durante la próxima legislatura, independientemente de quien gobierne tras el 23-J.
Desgraciadamente, todas estas idas y venidas legislativas, y la incertidumbre sobre su aplicación en función de los resultados electorales no ayudan a la creación de un marco previsional estable, que es lo que más necesita el ahorro previsional a largo plazo. Sería deseable más consenso técnico y menos variabilidad electoralista en esta materia.
