La reciente aparición de la noticia de que se va a reducir nuevamente el límite de la aportación a los planes de pensiones individuales ha motivado una reflexión sobre el sistema de Previsión Social en España (Pilares I, II y III), su diseño, su visión de conjunto y si realmente sus objetivos están alineados con el interés general. La manera en la que se ha realizado este anuncio, es decir bajando este máximo por segunda vez desde los 2.000 euros, como se produjo en diciembre del 2020, a los 1.500 euros actualmente propuestos en el PL de PGE 2022 es un mensaje difícil de comprender, se inserta en un marco de mensajes contradictorios por parte de la administración y es difícil evitar la sensación de que parece ser un aviso de que esto puede volver a repetirse, incluso a peor.
No cabe duda de que la industria española de las pensiones tiene que hacer ciertas mejoras, avanzar en eficiencia, reducir comisiones o incluso reinventarse, pero ¿es necesario reducir la base de su negocio drásticamente sin proponer alternativas para unos vehículos previsionales cuya principal virtud consiste en estar al alcance de toda la población, trabajadora o no, cerrando el bucle de su seguridad futura? Creemos que no.
Apenas dos semanas atrás se hablaba de jubilarse a los 75 años, quizá, quienes lo deseasen… como idea, y con bastante lógica desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema público de pensiones y suficiencia del conjunto de rentas de jubilación. Y, por otra parte, se destinan 53 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (posteriormente reducidos a una quinta parte) a un proyecto piloto para estudiar la implantación de la jornada laboral de cuatro días.
Pero no se trata de una propuesta para trabajar menos durante más tiempo, coordinada entre varios ministerios, y para ir explorando el futuro del trabajo y de las pensiones de manera conjunta. Más bien señaliza el mensaje de que se puede nadar y guardar la ropa sin ningún problema. Esta descoordinación provoca incoherencia y es descorazonadora. Se propone una idea y, si no gusta, se propone otra, hasta que nos aseguramos una porción de lo que gusta a casi todo el mundo, para descubrir posteriormente su compleja aplicabilidad. Y, si finalmente se puede aplicar lo que se ha acordado, descubrimos que apenas se resuelven los problemas.
Y esto ocurre con la previsión social en un país como España, donde el peso de los planes de pensiones es de un 9,5% sobre el PIB, a cierre de 2019 (año pre pandemia). ¿Por qué no nos fijarnos en el modelo de países como Holanda? La práctica totalidad de sus indicadores de este país son espectaculares y en previsión social destacan sobre el resto de los países, con un volumen en planes de pensiones, de un 191% sobre el PIB (2019). Parece que allí sí han entendido que las soluciones, en este caso previsionales, no vienen de aplicar fórmulas cada vez más complejas e incoherentes basadas en propuestas ideológicas, sino de comprender el mundo en el que vivimos y de realizar inversiones productivas sin disociarse de la realidad.
En el caso de los países más avanzados, la garantía futura de las pensiones se genera a través del valor añadido de las empresas, y de la capacidad futura del Estado de recaudar cotizaciones sociales, pero no exclusivamente a través de la última. En ellos se ha apostado por un sistema de Previsión Social mediante una combinación de cotizaciones al Pilar I para generar una prestación de base amplia en la población y por un importe financiable que actúe como red de seguridad y de aportaciones a vehículos complementarios a través de la Previsión Social Complementaria (PSC) ocupacional, como mejora a la prestación del Pilar I, según lo aportado a lo largo de la vida laboral. Y, finalmente, las aportaciones previsionales a los vehículos del Pilar III. Estos cierran el bucle previsor para muchas personas que no siempre cotizan a la Seguridad Social y/o a los esquemas del Pilar II, pero que se preocupan de su futuro aceptando las condiciones del ahorro previsional calificado fiscalmente: su no disponibilidad en el corto y medio plazo. Todo el ahorro previsional es ahorro a largo plazo y sirve mejor que ningún otro tipo de ahorro para financiar al conjunto de la economía.
Las ventajas de la PSC son múltiples. En aquellos países donde se ha desarrollado, se evita un mayor recurso a los impuestos cuando se incumplen las hipótesis en las que se basa la Seguridad Social y los gastos superan a los ingresos, se agranda la estructura empresarial, el PIB, se incentiva la generación de riqueza y el empleo (incluso fuera del país) entre otros. Quienes confían en la PSC confían en el futuro de su economía y de sus empresas implementando sistemas que fomenten este ahorro previsional y lo orienten hacia inversiones que generen rendimientos complementarios, que a largo plazo serían mucho mayores que una pensión calculada bajo ciertas hipótesis invalidadas por la realidad y con garantía de IPC, y sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
En España, por el contrario, hemos apostado decididamente por la seguridad que nos aporta la garantía del estado que queda fijada a la evolución de las cotizaciones sociales que genere la economía nacional en el futuro. Creemos, de forma contra intuitiva, que el tejido empresarial agregado tiene menos solidez que los Estados. Sabemos que mientras se haya cotizado por unas bases durante un determinado número de períodos y aplicando unas reglas fijas, escasamente adaptativas, el Estado nos asegura una pensión que mantendrá el poder adquisitivo, teniendo una fe casi religiosa en que se va a cumplir cumplir este compromiso, tal y cómo, se cree, ha venido haciendo la Seguridad Social desde su creación, independientemente de cómo se comporte la economía.
En la actualidad vemos que las fuentes de recaudación de la seguridad social no son suficientes para atender a sus compromisos, es decir, lo que nos hemos comprometido a pagar no se pude pagar con el modelo de ingresos actual por diversas razones: aumento de la esperanza de vida, períodos arbitrarios de cálculo para la primera pensión, calidad de la economía para generar sueldos adecuados, fórmulas voluntaristas, pero arbitrarias, poca flexibilidad para extender la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, facilidad excesiva para acogerse a jubilaciones anticipadas…
En un momento en el que la salud financiera del sistema de Seguridad Social es débil y las hipótesis especialmente demográficas sobre las que se basa la solidez del sistema no son muy favorables no se encuentra ninguna explicación a que no se potencie al máximo, cuanto antes, cualquier forma de PSC, especialmente para los sectores de población con peores perspectivas en cuanto a la cuantía de la pensión. La Seguridad Social española está exhausta y difícilmente puede hacer más, pues a duras penas puede mantener sus compromisos. Al mismo tiempo, millones de pensionistas ya necesitan complementos de pensiones de unos pocos cientos de euros al mes y millones más de trabajadores los van a necesitar cuando se jubilen en los próximos años. ¿Por qué hemos permitido que las cosas llegasen a este extremo cuando con aportaciones modestas durante los treinta últimos años podríamos haber logrado esos complementos de rentas de jubilación tan necesarios? Estamos pagando duramente la falta de visión del pasado y pagaremos más duramente todavía la falta de visión del presente.
Mientras tanto, con 3,5 millones de parados (un 15,3%), de los cuales 1 millón tiene menos de 30 años (un 28,8% de la población activa de esa edad) o 1,7 millones llevan más de 1 año en paro (el 49%) , cargamos de responsabilidad a las empresas respecto a la PSC, sin comprender que nuestro tejido empresarial es poco productivo y la inmensa mayoría de las empresas carecen de acceso a vehículos asequibles de Pilar II. Nos olvidamos de los autónomos y de los jóvenes y diríase que, con éstos, ya ni se cuenta.
Nuestro bienestar como sociedad, presente y futuro, depende de que en nuestra economía existan empresas productivas que generen valor añadido, impuestos, empleos y buenos salarios. Una buena PSC masiva puede ayudar a este fin, como se comprueba en Holanda.
Por ello, la mejor PSC es aquella que se ha diseñado con objetivos claros y coherentes con el bien común como idea principal, atendiendo a su solvencia y cumplimiento de sus compromisos a través de su capacidad de generar ingresos, inclusiva y sin privilegiar a colectivos dirigentes o cuadros y proporcionando a los trabajadores márgenes suficientes para que puedan reaccionar cuando el futuro no pinta como esperaban.
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