La semana pasada, el responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó la propuesta de reforma de las pensiones en la que se deroga el factor de sostenibilidad, además de volver a utilizar para la revalorización de las pensiones el IPC en vez del IRP.

Mientras que la utilización del IRP se centra en la sostenibilidad del sistema, que solo se logra si la inflación es superior al 0,25%, el uso del IPC (su tasa de variación anual, más bien) busca mantener el poder adquisitivo de las pensiones ya causadas, al menos en relación con el avance del coste de la vida.  

Independientemente del impacto que esta medida tendrá en las cuentas públicas, que según la AIReF podría ayudar a impulsar el gasto anual por pensiones hasta el 14,2% del PIB en 2050, de forma regular aparecen voces argumentando que el IPC no es la mejor medida para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y que se podría crear, y aplicar, un IPC propio para pensionistas. 

¿Es adecuado utilizar un IPC especial para pensionistas? De existir ventajas en ello, el riesgo principal de esta medida radica en que abriría un debate que podría llevarnos a exigir un índice a la carta para la revalorización de las pensiones, llegando a situar la gestión del sistema a una situación inmanejable. Es cierto que el consumo de los pensionistas no es el consumo representativo de toda la población y que puede haber diferencias respecto a la composición del gasto en la población total o en la población activa. Por ejemplo, los pensionistas consumirían menos, al menos en teoría, en ciertos bienes y servicios que son consumidos en una mayor medida por la población más joven, que está en edad de trabajar o en la parte media de su ciclo vital.  

El sentido común la pura observación nos revelan que el mero hecho de pasar a ser pensionista no hace que los hábitos de consumo cambien radicalmente de la noche a la mañana, si no que esos cambios se producen de forma gradual a lo largo de la etapa de jubilación. Es evidente que es más probable que se utilice menos el transporte para ir a trabajar, pero hay otros servicios como el ocio, la restauración o el turismo que posiblemente aumenten debido a la mayor disposición de tiempo libre acompañado de buena salud justo después de la jubilación. Adicionalmente, en el período de jubilación hay fases incluso más determinantes y claramente definidas que marcan nuestro estilo de vida, como, por ejemplo, cambios permanentes en el estado de salud que intervienen con probabilidad creciente con la edad. Existiría pues una edad posterior a la edad legal de jubilación en la que los patrones de consumo se pueden ver alterados significativamente. Para estos casos, tampoco sería útil utilizar un IPC genérico para pensionistas. 

De la misma forma, no es lo mismo vivir en una ciudad o capital de provincia que en un pueblo, tanto en términos de patrones de vida generales como en términos de patrones de consumo, de la misma forma que tampoco es lo mismo vivir en el interior que en la costa, o no es lo mismo vivir en una ciudad turística que en una ciudad sin turismo, vivir en una ciudad en la que el tiempo es malo, hace frío y necesitamos un consumo alto en calefacción a vivir en una ciudad con una temperatura más suave o que implica menos necesidad de mantenimiento por ejemplo de la vivienda. Esto, además, poco tiene que ver con la edad, si vamos al caso.  

En cada uno de estos casos, las rentas laborales o de las actividades productivas y alquileres, cabe pensar, vienen determinadas por las condiciones del entorno recién citadas y se actualizan en tiempo real no solo con el IPC, sino en función de las condiciones de cada mercado local. Pero las pensiones se actualizan todas con el mismo criterio en todo el territorio nacional. 

Si para cada uno de los grupos de pensionistas y para mantener su respectivo nivel adquisitivo se crease un IPC, llegaríamos a tener tantos IPC como colectivos fuesen capaces de personarse en el proceso legislativo.Rizando el rizo, posiblemente hubiese que considerar también a aquellas personas que no consuman toda su pensión y que ahorren una parte que, seguramente, no llegasen a gastar nunca. En este pintoresco caso, elmantenimiento de la capacidad del poder adquisitivo del pensionista implicaría calcular un IPC especial deuna complejidad añadida.

En definitiva, la decisión por parte del ministerio de la utilización del IPC general en la revalorización de las pensiones, aparte de beneficiar claramente a los pensionistas respecto al IRP, no parece ser una mala opción en términos de aplicabilidad respecto a un IPC a la medida de los pensionistas. Otra cuestión es que tengamos los medios para financiarlo. Porque, en caso contrario, la sostenibilidad del sistema seguirá en entredicho. 

De todas formas, ¿qué sucederá cuando la inflación sea negativa? 

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