Hay muchas preguntas que surgen del Proyecto de RDL ahora a debate social. Para empezar, si estuviese ya aprobado, surgiría la pregunta ¿me quedo con los últimos 25 años o paso a los 29 últimos descartando los 24 peores meses? Si para el trabajador medio ya era mission impossible confeccionar su hoja de cálculo previa a la jubilación, ahora aparece este nuevo rompecabezas.  

Respuesta: elija lo que mejor le venga, haciéndose ayudar de su cuñado en una BBC (boda, bautizo o comunión). Sepa, no obstante, que con estas opciones nunca saldrá perdiendo respecto a la situación actual y puede que gane; y que, si Vd. gana, el sistema será menos sostenible, aunque sea marginalmente. 

Ironías aparte, y no nos gusta ser irónicos, nos gustaría poder aconsejarle que cotice todo lo que pueda a la Seguridad Social. Con buenas y largas carreras de cotización al sistema público de pensiones, para la mayoría de los trabajadores, se obtienen muy buenas pensiones. Mejores cuanto menores son los salarios, gracias a los complementos a mínimos. Los trabajadores con salarios cercanos a la base máxima de cotización, por el contrario, ven cómo la pensión máxima es cada vez menor respecto a la base máxima de cotización. No llamaríamos a esto contributividad. 

Si llevamos el sistema a cotas imposibles de financiar sin provocar distorsiones más costosas y ello requiriese posteriormente una intervención a la griega (vea esto) o a la portuguesa, nuestro consejo sería muy diferente de si estuviésemos ante un sistema saneado y solvente a futuro.  

Francamente, nos gustaría poder decirle que cotice todo lo que pueda a la Seguridad Social. No obstante, se lo vamos a decir.  

Cotice todo lo que pueda a la Seguridad Social. Esta lo necesita, el país lo necesita y Vd. también lo necesita. Confíe en que, de una u otra manera, la sensatez volverá a los gestores del sistema, sean quienes sean estos. Tarde o temprano, aquella será solvente y, en vez de ser un freno al desarrollo y el bienestar, será un acicate de estos. Esperamos verlo y que Vd. lo vea. 

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José A. Herce – José A. Puertas y Fernando Martínez Cue

14 de julio de 2022

La inflación está siendo un gran problema económico en multitud de países. Es susceptible de hacer entrar en recesión a las grandes economías mundiales y, de desencadenarse efectos de “segunda ronda”, aquellos que se producen cuando los agentes que sufren la inflación tratan de repercutirla plenamente en los precios que fijan o los salarios (u otros tipos de rentas) que negocian, acabaría produciéndose una espiral inflacionista aún más devastadora.  

Cuando la inflación afecta inicialmente a los precios de materias primas energéticas y alimentarias importadas (u otros bienes y servicios esenciales) los hogares domésticos son más pobres, de forma que hay una tendencia natural a tratar de recuperar el poder adquisitivo perdido, especialmente entre aquellos grupos que tienen poder de negociación de salarios, o de fijación de precios.  

La política orientada a evitar una espiral inflacionista mediante acuerdos para repercutir solo una parte de la inflación que se sufre en los precios y costes del resto de bienes y servicios se conoce como un “Pacto de Rentas”. Llegar a un buen acuerdo para evitar la formación de una espiral inflacionista (por ejemplo, una espiral salarios-precios) no es sencillo, pero es posible. 

En estos casos, los trabajadores suelen aceptar que sus salarios solo aumenten una fracción de lo que aumenta el Índice de Precios al Consumo (inflación general) a cambio de que las empresas acepten también ajustar los precios de los bienes y servicios que producen solo en una fracción de lo que han aumentado sus costes. Todos los agentes pierden poder adquisitivo de sus salarios, beneficios o rentas de otro tipo, pero no sufren todo el impacto de la inflación y, sobre todo, se logra entre todos que la inflación en lo sucesivo sea menor. 

Cuesta, como se decía antes, renunciar a que el poder adquisitivo de los salarios o los beneficios se mantenga, muchos de estos bien magros para hogares y empresas medianas o pequeñas (de ambas categorías hay millones en un país como España). Pero este sacrificio merece la pena. Pues una espiral inflacionista puede provocar un daño considerablemente mayor. 

En este marco de ajuste costoso para trabajadores y empresas (sus accionistas, muchos de ellos trabajadores y clases medias), se pueden salvar muchos empleos, a pesar de que se pierdan algunos, frente a la alternativa de una espiral inflacionista destructiva de los agentes más vulnerables a una inflación que se establecería de manera más elevada y duradera. 

Dada la discusión anterior, que evoca inmediatamente esfuerzos, sacrificios y reparto problemático de los costes de un Pacto de Rentas, ¿qué margen deja esta política para la Previsión Social Complementaria empresarial, o de empleo? Diríase que muy poco. 

Muy al contrario, y este es precisamente nuestro consejo en esta entrada de la sección LoRIS Advisor de nuestro blog.  

En el inevitable forcejeo que van a causar los ajustes de salarios y precios de, respectivamente, trabajadores y empleadores, estos deberán ponerse de acuerdo para acomodar, en la medida de lo factible, una parte del poder adquisitivo perdido por la inflación pasada. En esta compartición de esfuerzos, puede haber margen para que los puntos de mejora en disputa entre las posiciones de las dos partes puedan, siquiera en una porción, destinarse a los planes de pensiones existentes en las empresas. Mejor aún, puede incluso surgir el incentivo a promover un plan de pensiones allí donde no lo haya.  

Más de algún que otro punto de salario o coste fuertemente disputado por una u otra parte en la negociación del pacto de rentas podría ir a ese plan de pensiones. No se perdería y aunque, a largo plazo, aportase al bienestar de los trabajadores una vez jubilados, contribuiría al instante a mejorar el clima laboral en la empresa en momentos de estrés. Sin duda, al menos para nosotros, a medio plazo (pues esta buena práctica debería perdurar), la empresa que participase en este ejercicio encontraría nuevos elementos de productividad en su actividad. La economía, por último, se beneficiaría de un impulso al ahorro a largo plazo, fuente de financiación insuperable para el crecimiento estructural.  

Nuestro consejo previsional en esta delicada situación es pues: ¡trabajadores, empleadores, no se peleen por ese par de puntos en disputa en el pacto de rentas, aplíquenlos a la Previsión Social Complementaria de empleo! Todos verán crecer su dinero. 

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El impacto directo va a ser un descenso del precio en los activos de renta fija que ya están en los balances de las compañías financieras, bancos y aseguradoras, pero otra consecuencia de estas subidas de tipos va a ser que muchos negocios que apenas eran rentables, o con rentabilidades muy bajas, al situarse los tipos libres de riesgo en un nivel más alto, podrían pasar a ser negocios escasamente rentables, especialmente si lo comparamos con el riesgo asumido.  

Cuando esto ocurre, un negocio con riesgo que ofrece una rentabilidad por debajo del activo libre de riesgo no está remunerando adecuadamente el riesgo asumido por sus accionistas e inversores, por lo que las posibilidades de supervivencia de aquel, a largo plazo, disminuyen. La cotización del euro respecto al dólar, en mínimos de los últimos 6 años, parece indicar una subida de tipos en la zona euro.  

No es, por tanto, momento de entrar en renta fija (ni salir de ella, sino, más bien, de esperar a los vencimientos para evitar pérdidas mayores que el coste de oportunidad) y, si se tuviese que hacer, entrar sólo en duraciones muy cortas. Si suben los tipos, al menos preservemos el valor de los bonos adquiridos a alto valor nominal en el pasado, y esperemos vigilantes a que las tendencias de los nuevos tipos se estabilicen para adquirir aquellos lo más baratos (y rentables) posible. 

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Anticiparse aporta numerosas ventajas. Por ejemplo, disponer del suficiente tiempo para pensar de forma calmada sin la presión de un plazo que se agota, evaluando el proceso e incluso ajustando o afinando las posibles decisiones que componen el camino hacia una decisión final. Y en el plano personal, por ejemplo, siempre es mucho más rentable haber preparado un viaje que no salir a la aventura sin haber hecho los mínimos preparativos: por dónde ir, si hay alguna gasolinera incluso tener a mano el número de asistencia un viaje seguro por si ocurre algo.  

Pero este proceso también se aplica en otros aspectos de la vida; si no hemos anticipado una situación difícil dejando al azar cómo vamos a reaccionar de presentarse esta, afrontaremos muchos más problemas que si hubiésemos hecho el ejercicio de anticiparnos.  Ya el mero hecho de habernos puesto en los pies de quien quiera que la sufriese, nos va a colocar con una gran ventaja cuando esa situación nos ocurra a nosotros ya que hay factores que no vamos a poder controlar cuando eso ocurra en la vida real si no estamos preparados.  

Tomar decisiones con prisa o con presión, ya sea esta interna o externa, no es lo mismo que tomarlas en un entorno plácido en el que no tengamos nada que perder o el resultado de la decisión no nos afecte en absoluto, ya que, bajo presión, reaccionamos produciendo sustancias como la adrenalina que van a afectarnos negativamente, en la inmensa mayoría de los casos, en la calidad y el resultado de dichas decisiones. De igual manera, es mejor tener una respuesta o una estrategia clara y preparada de antemano en las diversas situaciones cotidianas, como una propuesta de suscripción a una revista que nos hacen repentinamente o una reclamación en un aeropuerto, para así poder reaccionar de forma decidida y acorde a nuestros intereses. 

Si pasamos al plano previsional, en el que el corto plazo no existe y por tanto no percibimos esa inmediatez, es igualmente imprescindible realizar el ejercicio de la anticipación; aunque la línea temporal no sea de días o semanas (será de años) notaremos que el período de anticipación deberá ser incluso más extenso. Y necesitamos años para entender, para observar, para analizar y corregir las posibles decisiones dentro del abanico de opciones. Supongamos que la Seguridad Social decide modificar las condiciones para la jubilación, como es el caso de los trabajadores autónomos a los que el gobierno acaba de hacer una una propuesta de incrementar sus cuotas de cotización. 

Reaccionar a esos cambios exige plazos de tiempo amplios, no se puede ahorrar lo mismo en menos tiempo. Es necesario un periodo para adaptarse y modificar hábitos de ahorro, de comportamiento entre otros. La toma de decisiones por parte de los afectados podría llegar a implicar cambios de trabajo incluso de orientación de carrera. No es lo mismo que los cambios de las reglas de la Seguridad Social se apliquen a los trabajadores de 50 años que a los de 30 años. Con 50 o más años se tiene mucho menos margen que cuando se es más joven. Durante esos años se pueden hacer muchas más cosas, especialmente tomar decisiones con más tiempo que afecten a ese futuro.  

La anticipación se aplica también a la Previsión Social Complementaria. Cuanto más tiempo estemos ahorrando o invirtiendo para nuestra jubilación, más aprenderemos, mejor entenderemos cómo se comportan los productos elegidos, si queremos asumir más riesgo o menos, si nos sentimos cómodos o simplemente cómo funcionan estos mercados. Todo este aprendizaje es un proceso largo y necesita tiempo, y más si el ahorrador no se dedica profesionalmente a esta actividad  

La gran clave previsional, por fin, es que cuanto antes, o en edades tempranas, iniciemos nuestra trayectoria. En periodos largos la magia del interés compuesto funciona admirablemente bien. Es decir, si se obtienen rendimientos y se revierten, como suelen hacer los fondos de acumulación, los fondos de pensiones y otros fondos de inversión, la reinversión del rendimiento o capitalización compuesta puede trabajar muy a nuestro favor. Esa es la razón por la que las inversiones más antiguas, las que han tenido mayor periodo de maduración, suelen ser las que aportan una mayor proporción del capital a largo plazo resultante de un ahorro periódico. El ahorro suficiente no se consigue normalmente a partir de los 50 años poniéndose frenéticamente a pedir consejos o a buscar asesoramiento de especialistas. Sólo se consigue con muchos años de anticipación, creando un hábito, dedicando tiempo a ocuparse y preocuparse por ello, no dejando las soluciones en manos de los demás o confiando en la suerte. 

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La Association of British Insurers (ABI) realizó un estudio en 2020 y encontró que, con motivo de los cambios de residencia, 1,6 millones de asegurados se habían “perdido” en los registros de sus asociados. En media, cada uno de ellos poseía una hucha previsional de 13.000 libras, lo que sumaba 19.400 millones². Una suma fabulosa. 

Cuesta creerlo, pero sucede. Sucede con las cuentas corrientes, con las herencias, y les sucede a muchas personas. La generalización de los casos de discapacidades cognitivas en personas mayores a medida que avanza la esperanza de Vida no está facilitando las cosas y se constata que estos problemas van en aumento.  

Las entidades depositarias, siguiendo la normativa, y motu proprio, publican regularmente anuncios advirtiendo de forma genérica a sus clientes de este problema, pero muchos titulares de estas cuentas han desaparecido, o cambiado de domicilio y jamás llegarán a ser conscientes de que las mismas están a su disposición. Sus herederos tampoco. ¿Qué se puede hacer? 

En España, la Ley 33/2003 de Patrimonio del Estado fija el procedimiento para que el Estado, beneficiario último de los fondos depositados en “cuentas abandonadas”, pase a ser el propietario de aquellos. Deben pasar 20 años sin que la cuenta presumiblemente abandonada registre movimientos realizados por el titular y, además, el Estado debe cumplimentar una serie de procedimientos de advertencia a titulares y sus herederos legales, incluso mediante publicación de anuncios oficiales en medios, pautados en el tiempo. Si estos procedimientos no dan resultado, y transcurrido el plazo antes mencionado, el Estado toma posesión de los fondos o bienes abandonados. La legislación castellana de principios del siglo XV, promulgada por Enrique III, denominaba a estos bienes “mostrencos”³. 

En España, la Hacienda Pública, ingresó en 2019 más de 12 millones de euros por vencimiento del plazo de 20 años establecido en la Ley de Patrimonio del Estado para reclamar la titularidad de una cuenta abandonada. Los bancos, cuyas comisiones se cargan a veces en cuentas abandonadas tienen un verdadero problema por los enormes descubiertos que se generan al capitalizarse dichas comisiones en cuanto el saldo de las cuentas se agota. No solo porque no cobrarán nunca muchas de estas deudas, sino también porque el Banco de España considera la percepción de comisiones de descubierto sobre este tipo de cuentas una mala práctica. 

La cuestión es cómo evitar que los ahorradores sufran estos quebrantos en sus patrimonios que suceden inadvertidamente, por descuido o pura negligencia personal y que merman severamente la suficiencia económica de quienes incurren en esta conducta. 

Es evidente que la alfabetización financiera debe incidir en este tipo de comportamientos. Y no es cuestión de ahorrar, porque quienes se olvidan de reclamar sus cuentas o seguros ahorran, y no cantidades pequeñas, precisamente. Estamos hablando de miles de millones de euros en su conjunto y de miles de euros por cuenta. Trece mil libras, al cambio actual, en el caso de quienes cambian de residencia en el Reino Unido, equivalen a 15.280 euros, lo que permitiría adquirir, a los 65 años, una renta vitalicia de unos 75 euros al mes, es decir, 900 euros al año. 

De hecho, ya hay en marcha programas específicos de alfabetización financiera centrada en este problema para estimular a la población a llevar sus cuentas y relaciones financieras al día. También existen servicios oficiales o de ONG que te ayudan a localizar tus “pensiones olvidadas”⁴. Que no sea el mero olvido o la pérdida de una relación (números, direcciones, contraseñas, información bancaria esencial) con nuestros proveedores de servicios financieros, no digamos la pérdida de memoria, la que nos aleje de nuestro bienestar futuro.  

Vamos, haz memoria, ¿tienes alguna cuenta previsional por ahí olvidada?

¹ Véase la reseña de PPI en https://www.pensionpolicyinternational.com/uk-thousands-of-pension-plans-lost-as-billions-accumulate-where-does-the-money-go/. Los resultados de la investigación de HL pueden consultarse en https://www.hl.co.uk/news/articles/19.4-billion-in-lost-pensions-could-some-of-it-be-yours.  

² Véase https://www.abi.org.uk/news/news-articles/2020/05/19.4-billion-of-pension-pots-unclaimed-just-because-of-house-moves/  

³ Véase una interesante noticia publicada en 2013 por Cinco Días en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/09/13/economia/1379098097_556934.html.  

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Tras años de más que discreto desempeño, la Previsión Social Complementaria (PSC) española está registrando cambios interesantes (y también contradictorios) de los que todavía no hemos visto todo lo que encierran. El gobierno, después de haber reducido drásticamente la deducción fiscal de las aportaciones a los Planes de Pensiones personales, en 2021, prevé una nueva reducción en el Proyecto de Ley de los PGE para 2022. Los Planes de Pensiones de empleo, por su parte, se han visto reforzados con aumentos de facto de la deducción que compartían con los planes personales y se verán adicionalmente reforzados si sale adelante lo previsto en el PL citado. 

Lo cierto es que este reequilibrio de las deducciones perjudica a aquellos trabajadores que no tienen acceso a los vehículos previsionales de empleo, como son los trabajadores autónomos. Estos, además de haber visto reducido su acceso al ahorro previsional fiscalmente calificado (por la deducción), van a recibir pensiones de la Seguridad Social sensiblemente menores que los asalariados. Si bien este hecho se explica enteramente por su elección de bases de cotización sistemáticamente reducidas. 

Pues bien, los PPES, con una calificación fiscal idéntica a la de los planes de empleo, resolverán este problema si no se tuerce el trámite social, gubernamental y parlamentario de lo que especifica la actual redacción del Anteproyecto de Ley que se ha conocido recientemente. Sería deseable, además que, a este nuevo vehículo se le asimilasen vehículos individuales equivalentes hoy existentes promovidos por las compañías aseguradoras y las mutualidades de previsión social profesional que, por un simple imperativo de neutralidad, ameritaran esta equiparación.  

Nuestro consejo es esperar y ver, con la confianza puesta en que estos desarrollos en ciernes acaben de cuajar como apuntan. La promoción pública de los Fondos de Pensiones de empleo en los que los PPES se integrarían de entrada (se prevé la movilidad de los ahorros a otros fondos) es un impulso decisivo a la estancada PSC española. Tanto fondos como planes públicos existen en multitud de países avanzados en los que aquella está muy desarrollada, como vehículos de último recurso (default) para partícipes que no encuentran acomodo en los grandes planes corporativos o sectoriales (autónomos y micro y pequeñas empresas) o, simplemente, desean poder usar esta opción previsional. 

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De hecho, en muchas entidades que se dedican profesionalmente a la gestión de activos previsionales, o a la producción o la venta de los vehículos que permiten realizar estas dos operaciones básicas antes y después de la jubilación existen divisiones de negocio separadas. Lo que es una clara muestra de una concepción tradicional del negocio previsional.

El enfoque del Ciclo de Vida implica orientar las decisiones financieras de primera hora, tras la entrada a la vida laboral o, incluso antes, hacia las necesidades que se nos puedan presentar una vez jubilados y cuando, seguramente, seremos mayoritariamente dependientes de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. En nuestro país, estas prestaciones son abrumadoramente dominantes en las rentas de los trabajadores tras la jubilación.

La planificación financiera para la jubilación, según este enfoque, implica pues que los vehículos utilizados para ahorrar y girar dicho ahorro de manera productiva tengan en cuenta en la medida de lo posible, el objetivo final de complementar las prestaciones de la Seguridad Social para disfrutar de una jubilación sin apuros económicos. Sabiendo además que, con cierta probabilidad, podríamos acabar necesitando cuidados de larga duración u otros servicios propios de edades avanzadas a las que, con bastante mayor certidumbre llegaremos la gran mayoría de nosotros.

Naturalmente, en esta planificación de Ciclo Vital sería descabellado orientar todo nuestro esfuerzo financiero hacia la jubilación desde nuestra más tierna infancia laboral o profesional, ya que, hasta entonces, numerosas otras necesidades vitales (familia, vivienda, hijos, estudios de estos, viajes deseados) o contingencias inesperadas (enfermedad, percances económicos, accidentes) pueden requerir tirar de nuestros ahorros. Incluso si estuviésemos bien asegurados contra las contingencias mencionadas.  

En escasas ocasiones, sin embargo, en estos ejercicios de planificación, se incluye como un elemento necesario, óptimamente estimado, el gasto en aseguramiento contra las contingencias antes mencionadas. Aseguramiento que, contra primas asequibles, evitaría enormes gastos futuros de materializarse los riesgos asegurados.

Menos aún se da el paso de dejar de considerar la jubilación como una simple bisagra en la línea vital, que nos abre paso al periodo de desacumulación, a considerarla como “la” variable de elección en el propio ejercicio de planificación que da sentido al mismo. Logrando de esta forma, que el valor del ejercicio completo dependa de la elección del momento (o el proceso) de la jubilación, de manera que se maximice el valor para el interesado.

Es obvio que las normas de todo sistema de jubilación (público, ocupacional o personal) deben determinar una edad mínima de jubilación, así como opciones de jubilación previa a la edad de referencia o legal de jubilación. Pero solo los sistemas más aberrantes (que los hay) determinan edades obligatorias para el ejercicio de lo que es no solo un derecho sino también una decisión personal, si bien sujeta a restricciones normativas y económicas.

En este marco, pocos asesores financieros reparan en que el mejor consejo que pueden dar a sus clientes es que elijan de manera óptima el momento o el proceso de su jubilación. Hay esquemas de jubilación flexible, parcial o compatible con la actividad laboral en casi todos los países y la tarea del asesor debería ser la de ayudar a su cliente a diseñar esa transición óptima que maximice el valor de su largo esfuerzo previsional. Muchos asesores se sorprenderían de ver los resultados tan fabulosos que se podrían obtener con esta metodología, incluso en entornos duraderos de tipos de interés ultra bajos. 

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La deducción (sea de las aportaciones o de las prestaciones) evita la “doble imposición” que se produciría si no fuese posible hacerla, algo rechazable en sí mismo, mientras que el “diferimiento”, al preservar las aportaciones y los rendimientos de la fiscalidad hasta que se trasladan en prestaciones, permite que la “magia del interés compuesto” despliegue su plena potencia. La sujeción al impuesto de las prestaciones evita que la renta quede sin tributar, aunque lo hace en el momento más conveniente para que la capitalización sea más potente. La fuerte reducción de la deducción que se prevé es un potente factor disuasorio para que los partícipes sigan aportando por encima del nuevo máximo pues, en este caso, los excesos de aportaciones estarían castigados con la doble imposición al trasladarse en forma de prestaciones. 

De confirmarse este tratamiento, lo acertado sería dejar de aportar a un Plan de Pensiones que sufriese esta nueva fiscalidad por encima del nuevo límite y, puesto que de lo que se trata es de ahorrar para la jubilación, desviar cualquier ahorro por encima de la aportación deducible hacia un vehículo de ahorro (a largo plazo, a ser posible). Pero no sería aconsejable dejar de aportar por debajo del nuevo límite ya que, para estas aportaciones, el tratamiento fiscal seguiría siendo el mismo que había hasta ahora.

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