La inflación media en 2021, a efectos del ajuste del poder adquisitivo de las pensiones, según el nuevo criterio que se aplicará en 2022, ha sido del 2,51%. Este indicador se obtiene como la media de la variación anual en los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 del Índice de Precios al Consumo (IPC). Y, como decimos, ya sabemos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que dicha media ha sido del 2,51% 

En ocasiones, la vida política española entra en modo de “decisiones controvertidas”, desde luego en lo que a la Seguridad Social se refiere. Parece que el momento actual es de esta naturaleza. Como vimos en nuestra entrada anterior, la propuesta de repartir el incremento temporal de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes para recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, originalmente en 0,4  y 0,2 puntos porcentuales entre, respectivamente, empleador y trabajador, se ha quedado finalmente en 0,5 puntos y 0,1 puntos. Con esta decisión controvertida se envía el mensaje, a los empresarios en general, y a la CEOE en particular, de que todo es susceptible de empeorar. 

La reciente aparición de la noticia de que se va a reducir nuevamente el límite de la aportación a los planes de pensiones individuales ha motivado una reflexión sobre el sistema de Previsión Social en España (Pilares I, II y III), su diseño, su visión de conjunto y si realmente sus objetivos están alineados con el interés general. La manera en la que se ha realizado este anuncio, es decir bajando este máximo por segunda vez desde los 2.000 euros, como se produjo en diciembre del 2020, a los 1.500 euros actualmente propuestos en el PL de PGE 2022 es un mensaje difícil de comprender, se inserta en un marco de mensajes contradictorios por parte de la administración y es difícil evitar la sensación de que parece ser un aviso de que esto puede volver a repetirse, incluso a peor.

UBER UK va a enrolar a sus 70 mil conductores en un esquema de pensiones de adscripción por defecto (autoenrolment) al cual contribuirá con un 3% de sus salarios. Los conductores podrán aportar hasta un 5% adicional si lo desean. También, si lo desean, podrán salirse del esquema llegado el momento. Las aportaciones se harán también con efecto retroactivo desde 2017. 

Todo ello, mediante acuerdos alcanzados con el regulador británico de las pensiones a raíz de la sentencia de la Corte Suprema inglesa de marzo pasado que obligaba a la plataforma a contratar a sus conductores como asalariados, con un salario mínimo, vacaciones pagadas y pensiones de empleo.

Si cada Comunidad Autónoma tuviese que pagar las pensiones de jubilación con las cotizaciones imputadas que se ingresan en ella, ninguna podría pagar las dos pagas extra y algunas no podría pagar ni siquiera la mitad de las catorce pagas.
El dato mostrado en el gráfico representa el déficit o superávit atribuible a las pensiones por jubilación y por comunidad autónoma dividido entre el número de pensiones de jubilación a 31 de diciembre del 2020; o dicho de otra forma más clara: cuánto ha de aportar el sistema por cada pensión de jubilación una vez utilizadas las cotizaciones sociales generadas en cada comunidad autónoma imputadas a esta función. 

En primer lugar, según los datos de riqueza neta media, en euros de 2017, para los mismos grupos de edad y el mismo periodo, observamos que hay dos grupos claramente separados y definidos: cabezas de familia mayores de 55 años y menores de 55. Para el primer grupo se ha dado un incremento de su riqueza neta media evidente en apenas tres lustros atravesados por la dura crisis financiera, mientras que para el segundo grupo encontramos un descenso del mismo indicador y especialmente acusado en los hogares encabezados por personas menores de 35 años.